Hace dos años y tres meses, Ángel Valencia asumió como fiscal nacional. Lo hizo después de lo que muchos califican como “una descarnada carrera” para liderar el Ministerio Público, donde ninguno de los candidatos salió indemne de cuestionamientos. Tras dos fallidas propuestas del Presidente Gabriel Boric al Congreso, el abogado de 55 años fue ratificado por el Senado –el 8 de enero de 2023-, con 40 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

El primer año, dice, fue de instalación y de hacerse cargo de lo que había dejado su antecesor, Jorge Abbott. El segundo, de fijarse metas propias de persecución penal. Y hoy, que vive su tercer año, la autoridad dice estar “muy preocupado”.

Su intranquilidad no tiene que ver con los casos mediáticos que cada cierto tiempo ponen en el centro de la crítica el rol de la Fiscalía, llegando incluso a pedir la remoción de sus miembros, sino más bien en la demora del Poder Legislativo en aprobar el plan de fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial.

En medio de la proliferación en el país de bandas extranjeras de alta peligrosidad, como el Tren de Aragua, y el impacto de casos de corrupción que hoy tienen a varios diputados en la mira de investigaciones penales, Valencia hace una advertencia al mundo político.

“Esos recursos eran para ayer, porque la falta de funcionarios y fiscales impacta en todo, en poder perseguir el crimen organizado, la violencia intrafamiliar, los robos, la corrupción, en los mismos desafueros que tenemos hoy. Esos casos hay que tramitarlos con celeridad, porque un desafuero afecta el funcionamiento de otro poder del Estado, pero algo está pasando y ese proyecto está detenido. Eso me preocupa”, dice el fiscal nacional a La Tercera.

¿Cree que esa demora se deba a los roces que en el último tiempo hemos visto, con duras críticas del Congreso al Ministerio Público?

Es esperable que cuando el Ministerio Público investiga causas con impacto en la política contingente, los actores políticos intenten defender a sus cercanos o presionarnos para que persigamos a fulano o zutano. Pero creo que a lo largo de estos 20 años de historia, los fiscales han curtido la piel para aprender a distinguir qué es la crítica constructiva, valiosa, en un contexto democrático, de lo que no es más que una presión encubierta para que tratemos de perseguir con mayor ahínco a un político de un color y no a otro.

Desde ese punto de vista se entiende por qué los políticos quizás no quieren fortalecer a una institución incómoda, que los allana, los persigue, los desafuera…

Le digo con toda franqueza que no he sentido que ese sea el motivo. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque la sociedad espera eso de nosotros. Hace dos años dije que íbamos a perseguir a quienes corresponda, caiga quien caiga, con independencia de su condición social, situación económica, color político, incluso si es juez o si es fiscal. Y puedo decir que hemos demostrado eso y se ha actuado con responsabilidad, así que nadie podría poner nuestras actuaciones como excusa para no aprobar los proyectos que hacen del Ministerio Público una mejor institución. Le repito, esto no es pedir recursos por pedir, es muy necesario, estamos extremando nuestras capacidades y no sé si mañana vamos a poder seguir este ritmo, en los mismos casos con desafuero urge celeridad.

Le insisto, ¿no cree que el Congreso pueda estarlos castigando por aquellos casos que afectan al mundo político: Audio, Fundaciones, el de Karol Cariola, Mauricio Ojeda, Catalina Pérez…?

No, no creo que sea consecuencia de eso. Lo que puede estar pasando es que quizás el Congreso no le ha tomado el peso respecto al impacto que significa la demora en la ley de fortalecimiento. Esa situación de escasez de recursos inevitablemente impacta en la demora de los procedimientos y en causas que, en lugar de llegar a juicio oral, tenemos que llevarlas a procedimientos abreviados. En simple: hoy personas que deberían haber sufrido una pena más alta, por la falta de recursos del Ministerio Público han recibido una pena más baja, simplemente porque no podemos, no tenemos suficientes fiscales para que todas esas causas que lo merecían, lo merecía la víctima, lleguen a juicio. Por eso me preocupa la demora que veo del Legislativo.

¿Están llevando casos graves a abreviados (en que el imputado no arriesga cárcel)?

Efectivamente. Estamos tomando decisiones, acordando procedimientos abreviados en casos graves o complejos en los cuales hubiéramos esperado tener un juicio oral, al que no podemos ir porque no tenemos suficientes fiscales. Yo sé que todas las instituciones del Estado creen que sus necesidades son las más importantes, pero esto que le estoy diciendo es algo muy, muy importante.

¿No será que le “cobran” el tema de las filtraciones? Tiene a un fiscal regional enfrentando una remoción por parte del PC y algunos diputados del oficialismo en el caso Cariola…

Ya he dicho que todo eso de las filtraciones de información a la prensa, que hace su trabajo, es estructural. Hoy cualquier persona con domicilio en provincia se puede querellar en casos de corrupción y de derechos humanos. Una vez declarada admisible, los fiscales por ley no podemos privarlos de copia y ahí las fuentes de información se amplían, aunque lo más frecuente es culpar al Ministerio Público. Ahora, esas no son excusas y hemos tomado medidas internas, y aquellos funcionarios que han revisado, por ejemplo, una causa han sido duramente sancionados y hoy se investigan en el ámbito penal también esas conductas.

¿A veces pueden ser estrategias de defensa?

Diría que hay momentos en que las fuentes de información para un periodista, y ustedes lo saben mejor que nosotros, son amplias. Ahora, tampoco rehúyo que también puede haber filtraciones internas, yo diría que esas son las mínimas, es posible controlarlas, pero es imposible abolirlas absolutamente. Esa cuestión va a seguir ocurriendo. Son viejas como el hilo negro, dan origen hasta a un género literario y hay libros que se han construido sobre eso, Watergate se construyó así. El punto es que ¿cómo uno lo controla? Porque acá a veces se olvidan que la filtración de información reservada daña seriamente la investigación. Y en eso nosotros somos los más preocupados de que no ocurra. Quiero poner un ejemplo simple.

¿Cuál?

El caso ProCultura. Todo el mundo está esperando saber qué es lo que ha ocurrido, la tramita el fiscal Patricio Cooper, el mismo al que los diputados están llevando a la Suprema para removerlo por el caso Cariola, pero hasta la fecha, como no se han entregado copias a los intervinientes, la información se ha mantenido con una reserva bien seria, pero ahí nadie felicita al fiscal, porque es su trabajo y lo hace muy bien, por lo demás. Ahora, el fiscal Cooper tiene asignados casos muy importantes, está el de ProCultura, la compra de la casa de Allende, Sierra Bella etc. Y evidentemente la petición de remoción va a distraerlo un poco de sus funciones, porque tiene que ocupar tiempo para defenderse. La verdad es que sería valioso que existiera una exigencia mayor para que estos requerimientos lleguen al máximo tribunal, hoy basta con 10 diputados y considerando hoy día que el 40% de los diputados son independientes, creo que sería una buena solución una mayor exigencia.

Es evidente que la Fiscalía pasa por un momento donde su rol está siendo juzgado. Las críticas al allanamiento de Cariola, el mismo día de su parto, y también la molestia por el intento de una incautación de la Fiscalía de Rancagua a la Comisión de Ética generan tensiones con la Corte Suprema…

Voy a tratar de ser muy claro en esto. No he sentido, ni he constatado, ni tampoco he advertido la existencia de una tensión entre la Corte Suprema y la Fiscalía. Ni la Fiscalía Nacional, ni la Fiscalía Regional de O’Higgins, no lo han hecho ni formalmente, ni tampoco en privado, simplemente no lo han advertido. Al contrario. Lo que sí he podido constatar es una voluntad de parte del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de colaborar, dentro del marco de la ley, con las investigaciones penales que lleva la Fiscalía, y también nosotros hemos aportado, dentro del marco de la ley, con la información que se nos ha requerido por resoluciones judiciales, para ser incorporada a las investigaciones disciplinarias que lleva la corte.

¿Con el Partido Comunista sí?

Entiendo la preocupación de un partido político si hay una diligencia e investigación que afecta a quien en ese entonces era la presidenta de la Cámara. Puedo entender esa preocupación. A nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo dentro del marco de la ley y entender siempre que los temas de la política corren por un carril y en los temas de la persecución penal la responsabilidad es de quienes los cometen, y ahí el rol de la Fiscalía corre por una cuerda muy distinta.

Las épocas de los fiscales nacionales las marcan también los casos que estallan en su periodo. A usted, a poco andar, le tocó el caso Hermosilla, que ha terminado con la carrera de varios jueces, también fiscales, e incluso usted ha tenido que dar explicaciones por su reunión con él y con el exministro Andrés Chadwick, ¿Cómo ha sido eso? ¿Sobrevivió al tsunami Hermosilla en su tercer año?

Mira, cuando asumí este rol, hice la presentación ante la Corte Suprema, y dije que nuestra prioridad va a estar en la persecución del crimen organizado, particularmente el transnacional, y la corrupción, pero en el foco de las municipalidades, porque aquí tenemos un problema grave. Pero también cuando uno asume esta función sabe dónde trabaja y que en la Fiscalía todos los días son distintos y que uno no puede predecir lo que va a pasar.

Como la bomba que resultó ser el caso Audio…

Claro, y le sumo el caso Convenio, que ustedes llaman “Líos de platas”. Ese caso también nos cayó encima y no estaba previsto. Lo del caso Audio, recuerde, partió como un asunto en que estaban involucradas un conjunto de empresas, donde se escuchaba un eventual cohecho a funcionarios públicos, pero quién iba a imaginar que terminaría siendo un asunto mucho más grande y que tocaría al mundo judicial y también al político. Ante estas causas complejas uno sabe que es inevitable que van a derivar en ataques de todo tipo. No es deseable, pero es esperable. Uno sabe que las personas involucradas en este caso, protagonistas si quiere llamarle, no se van a sentar a reflexionar en qué momento decidieron desviar su camino para llegar a la situación en la que se encuentran, como lo haría un adulto, sino que vuelven a escoger el camino fácil: la culpa es del otro.

¿Cómo la acusación que le hace el exfiscal Manuel Guerra? Él insinúa que todos los que no lo apoyaron como fiscal nacional o no votaron por usted (en el caso de los supremos) se han visto afectados por los chats de Hermosilla que han salido a la luz… ¿Qué le contesta?

A mí ese tipo de conductas me recuerdan a la época escolar, me parece infantil. Lo digo con respeto, pero es lo más parecido a lo que dicen los niños que se portan mal, que la culpa no es de ellos, es del inspector del colegio, el que les tenía mala, no es lo que ellos solitos hicieron y que es cuestionable. Entonces, esto de atribuirme la responsabilidad a mí, no sé… esas personas que hacen esa afirmación tendrán que explicar mejor por qué lo dicen, pero al final del día pienso que si me atribuyen esa responsabilidad, ese tipo de personas, sólo puedo pensar en que debo sentirme orgulloso, porque estamos haciendo lo correcto. Créame que me siento orgulloso.

El hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo , también acusa a la Fiscalía de hacer “cherry picking” con los chats de su hermano… ¿También cae en lo pueril?

Bueno, las personas que hacen afirmaciones como esa tienen que hacerse cargo de lo que dicen y acompañar los antecedentes que lo demuestran, pero la verdad es que se equivocan. No hay ninguna selección de ese tipo de parte de esta institucionalidad.

Incluso usted tuvo que salir a explicar sus vínculos con Hermosilla…

He explicado bastante mi vínculo con él, que fueron asuntos profesionales y antes de que postulé , además que nunca le pedí colaboración ni ayuda cuando postulé y que, incluso, él trató de evitar que a mí me nombraran, pero bueno, esas cosas ya son del pasado y he hablado bastante. Así son estas causas, dependiendo de con quien hable, es que el fiscal nacional está coludido con el adversario del otro y es lo que les pasa a los fiscales nacionales en todo el mundo, pregúntele al fiscal Paulo Gonet, de Brasil, que está acusando a Bolsonaro, qué no le han dicho. En las causas de alta connotación pública y política, los ataques personales son frecuentes.

¿Se arrepiente de algo? Podríamos decir que aún le quedan cinco años de ataques, de presiones, de críticas al rol de la Fiscalía con asuntos políticos…

La verdad es que no. Me preocupa que a veces hay víctimas que echan a todo el sistema en el mismo saco, que los fiscales, que los jueces son corruptos, por lo que ven que se ha ido descubriendo en casos como Hermosilla y, a veces, esas víctimas prefieren no seguir adelante con sus casos y eso es preocupante. Pero no me puedo arrepentir por lo que hemos hecho en esas causas, porque lo otro era levantar la alfombra y dejar todo lo sucio debajo de ella y hacer como que nada de eso existía. Alguien alguna vez publicó que desde que nosotros llegamos a la Fiscalía había aumentado la corrupción, como que era culpa nuestra.

¿Como si no hubieran existido antes estos casos? Quizás por la magnitud de donde han llegado las esquirlas, hasta una suprema destituida por los chats con Hermosilla, un exfiscal, su fiscal regional de Aysén…

Puede ser que eso provoque preocupación, pero la verdad yo lo veo como un deber ineludible, porque lo contrario era seguir manteniendo todo debajo de la alfombra y no cumplir con nuestro deber, lo que habría sido además un delito. Por supuesto que me preocupa si las personas sienten desconfianza como consecuencia de esto. Lo que tenemos que hacer, conscientes de aquello, es actuar con responsabilidad. Y hacer lo que tenemos que hacer. Y hacerlo con prudencia y sobriedad, que es lo que nos corresponde. El tiempo irá decantando e irá mostrando que las cosas se podían hacer de otra manera y se irá restableciendo la confianza en las personas. Lo peor que podríamos haber hecho era pensar que la confianza de la ciudadanía se construye sobre la base de ocultar cosas que estaban ocurriendo y estaban mal en el sistema.