“A marzo de 2024, van a estar los primeros tres recintos penitenciarios de Chile con el bloqueo de la telefonía celular. Los chilenos no entienden que hoy día alguien esté preso y, estando en la cárcel, a través de un teléfono celular se extorsione o coordine un delito”.

De esta manera, en noviembre del 2023, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciaba la medida que se aplicará en la cárcel de Pedro Montt, Alta Seguridad, Santiago 1 y la ex Penitenciaría. Sin embargo, a poco menos de una semana de que termine el mes, el proyecto sigue en proceso.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explica que “no se ha postergado nada, el proceso sigue de acuerdo a la programación. El Ejecutivo ha sido muy cuidadoso en decir la fecha, por seguridad. La primera fase está en etapa de desarrollo, en etapa de prueba y la licitación en los penales que vienen también”.

Es que en el Ejecutivo hay cierta inquietud, pues se sospecha que una vez que se eche a andar el bloque se preparen posibles motines por parte de la población penal. Desde Carabineros explican que existe un “servicio preventivo en el sector” y, por su parte, la Municipalidad de Santiago agrega que desde hace dos semanas que se mantienen “apoyando el trabajo de Carabineros con patrullajes mixtos en la zona de la ex Penitenciaria de Santiago”.

Lo cierto es que el día viernes recién pasado, en Santiago 1, se realizaron “diversas acciones operativas y de práctica”, donde se habría puesto a prueba la funcionalidad de estos inhibidores. Durante ese día y el anterior, el ministro de Justicia, junto al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se hicieron presentes en el complejo penitenciario para supervisar las acciones de prueba.

Dicho operativo contempló el “despliegue terrestre y aéreo, en un ejercicio que incluyó a funcionarios y funcionarias de Servicios Especializados, Seguridad Penitenciaria, Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones, entre otros, además de la coordinación con Carabineros de Chile para el resguardo de las inmediaciones del recinto”, detalló Gendarmería a través de un comunicado.

Además, desde ese día que en los alrededores del recinto penitenciario que se pueden ver vallas papales a lo largo de la avenida Pedro Montt, desde Club Hípico hasta la Autopista Central y un fuerte contingente policial alrededor del recinto penal.

Una situación que el mismo ministro dio cuenta: “No puedo entregar detalles, pero se han tomado todos los resguardos. Si ustedes van por estos días a esa zona, van a encontrar medidas de seguridad adicional. Este es un caso donde el Estado ha actuado muy coordinadamente”.

Luego de los operativos de prueba, funcionarios de la cárcel emitieron alertas sobre supuestos avisos de motín en cuanto se pusiera en marcha el bloqueo e, incluso, se habló de posibles amenazas a abogados. El exdirector de Gendarmería Christian Alveal dice que son situaciones que suceden, y advierte que “cuando usted coloca medidas que vayan en mayor control de la delincuencia organizada y el narcotráfico, es altamente probable tener como respuesta reacciones de violencia”.

Una visión que comparte el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), el teniente coronel Mario Benítez, quien ve con normalidad una posible reacción: “Gendarmería está permanentemente en peligro. Si bien es cierto que la puesta en marcha puede tener mayor resistencia por parte de la población penal, Gendarmería puede enfrentar situaciones difíciles. Lo tomamos con cuidado, pero no significa una amenaza a nuestro funcionamiento”.

En el mismo sentido, desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG), sostienen que producto de la inminente puesta en marcha del bloqueo a la señal de teléfonos, “el personal de Gendarmería de Chile se ha estado preparando ante la eventualidad de que se produzcan desórdenes e incluso motines al interior de las Unidades Penales”. Y, al igual que sus pares, asumen el hecho de enfrentar actos de violencia, por lo que ”también esperamos el apoyo irrestricto del Estado en todo lo que nos corresponda hacer para colaborar en el control de la delincuencia, pues sabemos que es altamente probable que tengamos que enfrentar resistencia de parte de las personas privadas de libertad”.

El ministro Cordero mantiene la confianza en las instituciones y agrega que “todas las medidas de prevención, para evitar cualquier tipo de inconveniente en la implementación, nosotros las hemos venido adoptando con Gendarmería, en coordinación con Carabineros y otras instituciones vinculadas”.

“Es una buena noticia, algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y va de frente contra el crimen organizado y los delitos que se pueden coordinar desde las cárceles”, dice el teniente coronel Mario Benítez, presidente de la ANOP, respecto a la medida prontamente a ser puesta en marcha.

“Es una tecnología de punta, permite diferenciar los teléfonos que son “ilegales” con los que están habilitados”, agrega el teniente.

Asimismo la cataloga el ministro Cordero, sosteniendo que “la que estamos instalando ahora en la zona de Pedro Montt, es con una tecnología que no está disponible en América Latina”. Además, luego de haber sido testigo de lo operativos de prueba dice que “el sistema funciona muy bien”.

La medida vendría a bajar los delitos cometidos desde las cárceles, como extorsiones, amenazas y estafas telefónicas, que son los delitos más recurrentes concretados a través llamados hechos por reos. Para magnificar estos crímenes, Benítez dice que “en 2023 se incautaron más de 24 mil teléfonos. Mensualmente se están incautando cerca de 2 mil teléfonos en los diversos recintos del país, en operativos coordinados a nivel nacional”, eso sí, agrega que son cifras que siempre varían y nunca son fijas.

De acuerdo con fuentes conocedoras del sistema, la empresa que consiguió la primera licitación sería un consorcio chileno-israelí, estos estarían a cargo de la puesta en marcha de los inhibidores de señal en el complejo penitenciario ubicado en avenida Pedro Montt, que contempla la cárcel de máxima seguridad, Santiago 1 y la ex Penitenciaría. La meta es que al 2025, 15 recintos a lo largo del país cuenten con tecnología que impida hacer llamadas a presos, de estos nueve se encuentran actualmente en proceso de licitación.