Los padres y apoderados del colegio jesuita San Ignacio, en su sede de Alonso Ovalle, están preocupados y molestos. Su postura surgió luego de que el pasado jueves la Compañía de Jesús informara, a través de un comunicado de prensa, que tres de sus sacerdotes habían sido investigados y declarados culpables de abuso y transgresión de conciencia. En el caso de uno de ellos, el sacerdote Jaime Guzmán, quien ya cumple una sanción canónica impuesta en 2012, sus antecedentes respecto de otro caso ya fueron enviados al Vaticano. Los otros dos involucrados son Raúl González y Juan Pablo Cárcamo, denunciados en 2012 y 2016, respectivamente.
La preocupación de la comunidad escolar, sin embargo, surgió a raíz de otro hecho particular. De acuerdo a información recabada por los apoderados, dos de los sacerdotes involucrados habrían sido trasladados hasta la residencia San Ignacio de Santiago, que justamente colinda con el recinto educacional.
A su juicio, esta situación supone una exposición de los estudiantes, lo que generó críticas de la comunidad.
A través de un comunicado, el directorio del centro de padres explicó que durante la mañana de este martes se reunieron con el rector del colegio, Marcelo Mackenney, y el capellán del mismo establecimiento, el jesuita Gonzalo Contreras, quienes manifestaron su disponibilidad de mejorar las medidas de control y resguardos entre la residencia y el establecimiento.
Las autoridades habrían explicado a los apoderados que la residencia como tal es una obra apostólica distinta del colegio, y que es el provincial de la compañía, Cristián del Campo, quien debe decidir sobre la estadía de los sacerdotes.
Desde el departamento de comunicaciones de la Compañía de Jesús se indicó que "existe una absoluta compresión y apertura respecto de las inquietudes de los apoderados. Por ello, se atenderá lo antes posible su solicitud en relación a una reunión con el provincial de la congregación. Esa reunión se concretaría a fines de esta semana".
De igual modo, se explicó que "las decisiones que se han tomado obedecen a un análisis profundo de la situación, con todas las providencias y cuidados que el caso amerita. Pero, por cierto, se escuchará y se conversará con los padres y apoderados, pues su confianza y tranquilidad es la prioridad".
Además, trascendió que el colegio y la residencia no tienen posibilidad de contacto en términos de espacio ni infraestructura.
Riesgos
Pese a que desde la directiva sostuvieron que "reconocen" la fraternidad cristiana como un valor destacable, hacen hincapié en que decisiones como la de admitir a sacerdotes acusados por estos casos en la residencia, suponen "un riesgo que debe ser analizado de forma urgente".
Hoy los apoderados se reunirán con el sacerdote Guillermo Baranda, presidente del directorio de la Fundación San Ignacio, sostenedora del colegio.
