Hasta el monumento de Pedro Aguirre Cerda, a un costado de La Moneda, llegaron esta mañana un grupo de apoderados de distintas ciudades del país que no han conseguido matrículas para sus hijos este 2024, para entregar una carta dirigida al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en donde solicitan que se aplique urgencia al proyecto de ley “Escuelas para todos”, iniciativa que tiene como objetivo incentivar la creación de colegios particulares subvencionados.
El grupo, encabezado por María Teresa Romero, presidenta de la fundación Escuelas Abiertas, y Franklin Rodríguez, director del Liceo San Francisco de Vallenar, se manifestó en el monumento con mochilas y lienzos, solicitando que se facilite la creación de escuelas subvencionadas, y así “permitiendo que en cada comuna y ciudad del país existan opciones de colegios alternativos, para que los padres puedan escoger dónde educar a sus hijos”, indican en la carta.
Al respecto, Romero pidió al gobierno que revisara las políticas que han tomado hasta ahora en materia educativa, ya que “no han dado buenos resultados”.
“Desde el año 2015, se impidió la creación de nuevas escuelas administradas por privados, han desaparecido 552 escuelas subvencionadas”, destacó. “Es por eso que hoy estamos aquí, para pedirle al gobierno que tome conciencia, y revise decisiones políticas que no han dado buenos resultados. Como también, que recuperemos el nivel de los colegios emblemáticos que controla el Estado”.
Asimismo, y sobre la misiva, Romero expresó que es necesario hacer “algunas correcciones al sistema”.
“El Presidente (Gabriel) Boric tiene la oportunidad de mejorar un modelo que no está dando buenos resultados. Tal como prometió en campaña, es momento de que mejore la educación escolar. Para lograrlo, debe hacer algunas correcciones al sistema. Hacemos un llamado directo al Ejecutivo y al presidente de la comisión de Educación, el senador (Jaime) Quintana, para que le den urgencia a la ley ‘Escuelas para Todos’, lo que sería un gran paso”, afirmó.
En esta línea, Romero señaló que el problema de la falta de cupos -que el gobierno cifró en 880 a comienzos de abril - “no se debe a la falta de vacantes”, sino que “a la falta de vacantes atractivas para los apoderados”.
