Las esquirlas del caso Audio arribaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuando era dirigido por Felipe Ward (UDI) bajo la segunda administración de Sebastián Piñera. En concreto, Luis Hermosilla –mientras se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior, liderado en ese entonces por Andrés Chadwick– habría gestionado con el Minvu permisos de construcción para un proyecto inmobiliario de Grupo Patio, en aquellos años bajo el mando de Álvaro Jalaff, también imputado por el caso Audio.

Por lo mismo, el actual titular de Vivienda, Carlos Montes, inició un sumario para determinar eventuales delitos, y la mañana de este jueves manifestó: “No quiero prejuzgar, sin embargo, nos parece preocupante y es por eso que decretamos la investigación sumaria, de tal manera de reunir toda la información y ver cuán preocupante es, cuáles son los temas más dudosos y de qué manera poder analizar las implicancias que esto tiene”.

Acorde a Ciper, entre 2010 y 2021, Hermosilla habría conseguido que tres informes de Índice de Factibilidad Constructiva (IFC) –que se requieren para construir en terrenos rurales– fueran entregados en dos meses y medio, cuando normalmente uno de estos permisos pueden tardar hasta dos años.

En el mismo artículo, el seremi de la época, Manuel José Errázuriz, confirmó que recibió presiones para acelerar los permisos. “Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta’. Y yo tenía que hacer esa bajada a mi equipo y mi equipo reclamaba, con justa razón, porque hay una orden de ingreso que había que respetar”, indicó al medio citado.

Ante esto, aunque afirmó que el plazo de tramitación puede variar y en sí mismo “no es una irregularidad”, en conversación con Radio Universo, reconoció que “dos meses y medio en un proyecto de esta complejidad es poco” y precisó que “aquí la duda siempre está en que si una gestión hizo que se pasara a llevar a otros proyectos que estaban previamente, esa es parte de las preguntas que nos estamos haciendo en la investigación”.

En esa línea, reiteró: “La irregularidad inicial viene de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Lampa, que aprueba esto sin haber hecho los trámites que correspondía y eso fue irregular, de toda manera irregular. Ahí no se cumplió los trámites que había a nivel de la Seremi. Pasaron seis años y recién ahí salta esto, pero ya estaban prescrito los plazos para revertir la decisión, según lo que lo realizaron en su época”.