Armas no letales o control de identidad: senadores ingresan indicaciones a una Ley de Seguridad Municipal que sigue trabada

En medio de la discusión por la Ley de Seguridad Municipal, que busca robustecer el rol de los guardias municipales en el país, algunos senadores de la comisión unida de Gobierno y Seguridad del Senado, en su mayoría cercanos al oficialismo, presionan por incluir en el proyecto del Ejecutivo el uso de armas no letales para los funcionarios, así como la facultad para realizar controles de identidad, temas que hasta ahora no han sido incorporados por el propio gobierno.

La sesión programada para este miércoles a las 15:00 tuvo que ser suspendida luego de que las tratativas en la mesa técnica, integrada por senadores y representantes del gobierno, tomara más tiempo del requerido.

Si bien se esperaba lograr un preacuerdo legislativo, este solo avanzó hasta el artículo 35; es decir, casi un tercio del proyecto. Esto ha retrasado la votación en particular, la cual será retomada el próximo lunes con miras a resolver los puntos más complejos durante lo que queda de semana.

El debate en torno a la ley ha sido especialmente relevante para los alcaldes, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer las atribuciones de los guardias municipales. De hecho, durante esta jornada un grupo de alcaldes, desde Matías Toledo (Puente Alto) hasta Daniel Reyes (La Florida), firmó un convenio con el objetivo de presionar por la inclusión de las armas no letales en la ley, que se tramita desde mayo de 2023 (ver nota).

En este sentido, el proyecto inicial del gobierno busca fortalecer las funciones de seguridad de los municipios mediante el endurecimiento de penas para quienes agredan a los guardias municipales, la eliminación del tope municipal en su dotación y la distribución de financiamiento para los municipios.

Sin embargo, la idea de permitir el uso de armas no letales sigue sobre la mesa y una de las protagonistas en esta discusión es la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien busca reintroducir esta norma a través de una indicación.

Esta propuesta no solo abre la puerta al uso de dispositivos como pistolas taser. En la indicación se especifica que, mediante decretos supremos, el ministerio a cargo de la seguridad pública podrá definir qué “elementos lacrimógenos, basados en pulsaciones eléctricas o armas de aire comprimido” podrán ser utilizados por los inspectores municipales, asegurando además que su formación y capacitación cumplan con estándares no inferiores a los exigidos en la Ley Nº 21.659 sobre Seguridad Privada.

Pero la presión no solo ha venido desde el oficialismo. El senador Manuel José Ossandón (RN) presentó una serie de indicaciones que amplían las facultades de los inspectores municipales. Entre ellas, propone que puedan fiscalizar el cumplimiento de medidas cautelares como arrestos domiciliarios, previa autorización de un juez. Además, sugiere modificar el control de alcohol y drogas en la vía pública para que los inspectores municipales colaboren específicamente “con la función de Carabineros” en la aplicación de pruebas.

Otra de las indicaciones ingresadas este lunes fue impulsada por el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores (DC), quien, además de insistir en la necesidad de robustecer el financiamiento para los municipios, busca incorporar la facultad para que la seguridad municipal pueda realizar controles de identidad.

En su propuesta se establece que “las y los inspectores de seguridad municipal podrán colaborar con las policías para efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 20.931″, lo que abre la posibilidad de que estos funcionarios asuman un rol más activo en el resguardo del orden público en coordinación con Carabineros.

Mientras el debate avanza en la comisión del Senado, las tratativas en la mesa técnica creada para estos efectos continúan con el objetivo de afinar detalles sobre las indicaciones propuestas. Si bien algunas iniciativas han generado consenso, como la necesidad de precisar aspectos sobre la participación de guardias municipales en flagrancia, otras aún tienen diferencias, especialmente en materia de atribuciones.

La senadora Vodanovic (PS) enfatiza que el trabajo en la mesa técnica busca “adaptar todas estas indicaciones con el fin de tener el mejor proyecto, ojalá aprobado unánimemente, pero los énfasis de todos van en el mismo sentido: ampliar las funciones de televigilancia, con más controles, para que sirvan tanto de alerta como de prueba en juicio; buscar modelos de colaboración con Carabineros que amplíen la función municipal sin reemplazar a las policías, lo que no se puede constitucionalmente, y asegurarnos de que las personas que sean inspectores cumplan requisitos exigentes, pero que también sean protegidos en los riesgos que corren”, sostiene.

En la instancia, aseguran conocedores de la misma, aún no se han discutido temas como la aplicación de la Ley Nain-Retamal ni la facultad de los guardias municipales para realizar controles de identidad o el uso de armas no letales, pese a que, como se ha dicho, algunos parlamentarios sí han trabajado en indicaciones en esa línea. Por otro lado, el financiamiento sigue siendo uno de los puntos de mayor debate en la comisión, con distintos sectores buscando garantizar recursos suficientes para que los municipios puedan asumir las nuevas atribuciones sin afectar su funcionamiento.

En cuanto a las detenciones en flagrancia, algunos entendidos reseñan que hay consenso en la necesidad de especificar ciertos procedimientos para evitar vacíos normativos y dotar de mayor certeza la labor de los inspectores municipales. La discusión continuará en los próximos días, a la espera de que la mesa técnica logre destrabar los puntos pendientes antes de la próxima sesión legislativa.