Así se trazó la caída y judicialización de la Asociación de Farmacias Populares que lideró Daniel Jadue

En 2016, una serie de alcaldes llegaron hasta Recoleta para conocer lo que por ese entonces era uno de los proyectos estrella del alcalde de esa comuna, Daniel Jadue (PC): las denominadas “farmacias populares”. Ese mismo año, una decena de autoridades comunales decidieron agruparse y formar la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la cual era liderada por el propio militante comunista.

Pero a casi siete años de aquello, el escenario es completamente diferente. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar al alcalde Daniel Jadue por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal mientras lideraba la organización. En paralelo, Achifarp se encuentra liquidada judicialmente y el encargado de ese proceso se encuentra enajenando sus bienes para así intentar revertir los más de 1.000 millones en deudas que acumula el proyecto que en 2016 sólo levantaba adeptos.

Y es que no sólo autoridades del mundo de izquierda apoyaron la iniciativa, incluso el exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín (UDI) anunció en aquel entonces su adhesión a esta iniciativa, reconociendo incluso los méritos del proyecto del alcalde comunista.

“La idea original es de Daniel Jadue, es una gran idea y las cosas buenas tienen que ser copiadas, adaptadas y mejoradas. En este caso, transformar la farmacia popular en la de la clase media”, señaló en 2017 el exalcalde de Las Condes mientras presentaba las “farmacias de la clase media”, un símil del proyecto de Recoleta pero en la comuna del sector oriente.

Pero el actual escenario en el que se encuentra Achifarp es muy diferente al inicial. Y es que de contar con un apoyo transversal a la asociación, el proyecto de Jadue fue perdiendo adeptos a lo largo del tiempo, lo cual se puede relacionar a diferentes razones.

Una de estas era la propuesta inicial. Según la actas de formación, Achifarp planteaba una serie de objetivos, el principal de estos era agrupar a los municipios para poder conseguir mejores precios en medicamentos e insumos médicos. Promesa que no se habría cumplido.

Según señalaron el año pasado una serie de alcaldes a La Tercera, se comenzaron a salir de la agrupación precisamente por la falta de bajos precios. Así lo señaló el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz (DC) quien sacó al municipio penquista el 2018 de Achifarp. “Nos dimos cuenta de que nosotros como municipios igualmente podíamos llegar a los laboratorios a negociar los medicamentos, por lo tanto, llevé al concejo municipal la petición, que fue aprobada por la mayoría de los integrantes del concejo, y nos retiramos. Sin pago alguno, ni incorporación, ni mensualidad, ni nada”, explicó.

Si bien la Achifarp no prosperó, desde el mundo municipal comenzaron a evidenciar que integrar farmacias o “boticas” municipales a sus barrios -para que los vecinos pudiesen adquirir medicamentos a un precio más rebajado que el de una farmacia de cadena- comenzaba a ser tangible.

Y a la fecha, solo en la Región Metropolitana (RM) se contabilizan más de 30 farmacias comunales ubicadas en Santiago, Ñuñoa, Recoleta, Providencia, Las Condes, Cerro Navia, La Cisterna, Quinta Normal, Vitacura, Huechuraba, Maipú, Colina, Peñaflor, Isla de Maipo, Lo Prado, entre otras.

En general, para acceder a estas las personas deben confirmar su relación con la comuna, esto a través de ficha de protección social, fotocopia del carnet de identidad, algún documento que acredite los ingresos de la persona como liquidación de sueldo, y en el caso de no contar con un ingreso, sólo basta una declaración jurada simple.

El modelo bajo el cual operan estas farmacias municipales es otro al planteado inicialmente por Jadue. Ese cambio es precisamente otro de los factores que habría incidido en la caída de Achifarp, y que tiene relación con que el 2019 se aprobó la Ley de Cenabast, la cual -entre otras cosas- permitía que los municipios compren directamente con ese distribuir del Estado, sin tener que agruparse para conseguir mejores precios.

Algo que el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), explicó el año pasado sosteniendo que en su comuna “finalmente logramos más rebajas por la buena gestión y la adquisición a través de Cenabast y los laboratorios. Con Achifarp buscábamos economía de escala. Realizamos un par de compras puntuales (...) porque no quedamos satisfechos con los audífonos, ya que no cumplieron con los estándares de calidad que esperamos brindar a nuestros vecinos”.

El alcalde de Arica, comuna que también integró Achifarp, Gerardo Espíndola (PL) también apuntó a problemas en la administración de la organización, eso pese a que los municipios adscritos a la asociación debían pagar cuotas de incorporación y por integrarla. Espíndola afirmó el 2023 que pese a formar parte de la agrupación nunca se pudieron hacer compras: “Se hicieron varios intentos, antes que yo llegara, después cuando yo llegué no insistimos con eso. Luego hubo una posibilidad de sacar una óptica popular, teníamos la intención que se hiciera, nos pusimos al día con las cuotas que correspondía y tampoco pudimos comprar”.

Codina por su parte también apuntó el año pasado que la caída de Achifarp se dio porque “lamentablemente nunca hubo una voluntad del presidente del directorio de transparentar la situación administrativa en Achifarp. En el año que exigí contratar una auditoría externa para saber qué estaba realmente pasando, hubo dilaciones y tuve que insistir por escrito. Consta en documentos. Finalmente, en sesión del 17 de diciembre de 2021 convencí al directorio de aprobar la auditoría, pero tampoco se cumplió ese acuerdo que equivale a una instrucción legal”.

A la baja adhesión al proyecto, la salida de los municipios por los pocos resultados de la agrupación, también se sumaron cuestionamientos legales. El 2022, la empresa Best Quality se querelló en contra de Achifarp y del alcalde Jadue, presuntamente por delitos de estafa al deber millonarios pagos al proveedor de insumos médicos. Ese sería el inicio del caso que actualmente generó que el alcalde PC sea formalizado.

A eso se sumó que el 2022 la Contraloría emitió un informe respecto a la gestión de Achifarp y que generó que sus resultados fueran derivados al Ministerio Público para que iniciara la investigación penal por el mal manejo de los dineros públicos. Ahí se detectó que al interior de la agrupación liderada por Jadue no se pudo acceder a los estados financieros, a las rendiciones anuales y tampoco documentación que verificara la situación financiera y patrimonial, entre otra serie de irregularidades.

A lo anterior se suma que la justicia decretó el 1 de julio de 2022 la liquidación forzosa de Achifarp, nombrando a un encargado de enajenar los bienes de la asociación y consigo pagar las deudas que mantiene con una serie de proveedores. Es en esa instancia que el liquidador asignado, José Rojas García, comenzó a demandar civilmente a los municipios que debían cuotas de incorporación y mensualidad.

En ese contexto, algunas comunas han respondido a la acción judicial desconociendo dicha deuda e incluso asegurando que nunca formaron parte de Achifarp ni que recibieron algún tipo de “servicio” de parte de la asociación.

Durante el proceso de liquidación, un documento ingresado por el liquidador dio cifró en un total de $1.291.937.035 la deuda de la entidad dirigida por el alcalde comunista con una serie de proveedores.

Según documento presentado ante el tribunal, la mayor deuda que mantiene la organización es con Best Quality, adeudando más de mil millones de pesos. A esta le sigue la empresa V Exponencial, a la cual Achifarp le debe $217.198.000.

Pero no solo empresas son a las que les debe la organización, y es que, según el listado presentado por el liquidador, Achifarp también adeuda $15.585.912 a seis extrabajadores en pagos previsionales. Mismo caso que la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Además, durante la última junta de acreedores con el liquidador desarrollada la semana pasada, se acordó sumar una nueva querella en contra de Jadue, esta vez por la “ocultación de bienes” en la que habría incurrido el alcalde durante el proceso de liquidación mientras la justicia buscaba rematar los bienes del extinto proyecto que el 2016 atrajo a decenas de alcaldes, pero que actualmente tiene a quien lo encabezaba ad portar de ser formalizado por fraude al Fisco.