Una crítica evaluación respecto a la situación interna del Ministerio Público realizó la Asociación de Fiscales, que con motivo de un nuevo aniversario de la institución elaboró una declaración en que cuestionan una serie de aspectos de la entidad liderada por Jorge Abbott. En este documento, aseguran que estos problemas están resintiendo en la calidad del trabajo que realizan los persecutores del país.
En el texto, titulado “Un aniversario con deudas históricas”, la agrupación gremial indica que “se ha cumplido un año más de vida de nuestra institución, se conmemoran 21 años desde que el Ministerio Público naciera a la vida institucional. Es motivo de celebración porque todos los fiscales somos parte de los pilares de esta institución esencial para la administración de justicia. Sin embargo, atendidas las condiciones laborales actuales no hay motivos para celebrar con júbilo, sino que es tiempo reflexionar acerca del delicado momento por el cual atraviesa la Fiscalía de Chile en relación con sus trabajadores”.
Acto seguido, realizan una descripción de la situación actual de Chile y cómo los persecutores interactúan con esta realidad: “Como país nos corresponde afrontar una compleja situación producto de la pandemia. Por otra parte, tenemos la esperanza puesta en que las autoridades a cargo del orden público puedan garantizar que tanto el próximo plebiscito como el proceso constituyente, que eventualmente lo suceda, se desarrollen en las más adecuadas condiciones de seguridad y tranquilidad para toda la población”.
En este sentido, la entidad -cuyo presidente en la actualidad es el fiscal Claudio Uribe- señaló que “la situación para los fiscales en lo que se refiere al cumplimiento de sus funciones diarias también es muy difícil. Como Asociación hemos dirigido una serie de peticiones al Fiscal Nacional que tienen como objetivo central mejorar nuestras condiciones laborales para cumplir de mejor forma con la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal a nombre de la sociedad. Las exigencias que hemos planteado se extienden a una serie de problemáticas: avanzar decididamente en implementar una secretaría técnica en temas de género y paridad; moderar las cargas de trabajo que se le asigna a cada uno de los fiscales del país; garantizar un efectivo derecho al descanso para hacer frente a las extensas y agobiantes jornadas de turnos; disponer de las debidas compensaciones por el trabajo realizado fuera del horario legal; y proveer a cada fiscal de un equipo de trabajo administrativo y jurídico suficiente para afrontar las numerosas y complejas tareas que el cargo de fiscal impone. Pero, desafortunadamente, nuestra voz no ha querido ser escuchada por la máxima autoridad de la institución, lo que junto con afectar gravemente los derechos fundamentales de los fiscales resiente inevitablemente la calidad del trabajo que realizamos”.
Amenazas
El documento también aborda una situación que ha tenido el rol de los fiscales en el centro de atención pública: “Al panorama descrito se suma el hecho que en las últimas semanas como fiscales hemos debido afrontar graves amenazas que vulneran nuestra seguridad como funcionarios públicos y como personas, sumando a ello, que nuestro compromiso con la verdad y la justicia ha sido injustamente atacado y criticado por distintas autoridades del mundo político, quienes no logran entender que en un Estado de Derecho los fiscales dirigen la investigación de los delitos de manera objetiva y autónoma, lo que constituye una garantía esencial para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, imputando las responsabilidades penales que corresponda sin diferencias por razones de género, raza, creencias ni condición social, y mucho menos distinguiendo entre el poderoso y quien se encuentre en una situación vulnerable. Ahora bien, pese a que las presiones indebidas que se dirigen contra los fiscales generan una recarga adicional a la que ya debemos soportar por nuestro trabajo, bajo ninguna circunstancia lograrán desviar nuestra actuación de los deberes institucionales que día a día nos empeñamos en cumplir”.
La declaración cierra señalando que “todo lo anterior se traduce en que los fiscales no estemos en condiciones de celebrar con júbilo este nuevo aniversario institucional. Sin duda, un aniversario con sabor amargo. Continuaremos insistiendo con toda la fuerza en nuestras demandas. Estamos convencidos que son legítimas y justas; lo haremos como hasta ahora, directamente ante la autoridad, pero, además, utilizaremos todos los cauces judiciales a nivel nacional e internacional que sean necesarios, ya que al defender nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, no sólo protegemos nuestra integridad personal y el bienestar de nuestras familias sino que, al fin de cuentas, velamos por los intereses de las víctimas y de toda la comunidad, que se merecen un Ministerio Público que cumpla la tarea de perseguir a quienes cometen delitos de la forma más eficaz y profesional posible”.
