Un ambiente de inseguridad. Así describen los funcionarios y funcionarios de la Asociación gremial del Serviu, a través de un comunicado, algunas de las consecuencias tras la revelación del caso Democracia Viva, que destapó la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el exseremi Carlos Contreras (RD), a la organización sin fines de lucro presidida por Daniel Andrade, militante del mismo partido y pareja de la diputada Catalina Pérez, quien presidió RD entre 2019 y 2022.
Una de las primeras alertas del caso provino de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta, cuando el pasado 2 de mayo a través de un correo a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, -donde entre las remitentes estaba la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas- se alertó de la situación.
En la comunicación, los funcionarios de Antofagasta avisaron a la subsecretaria de los polémicos convenios con la fundación Democracia Viva, ante lo que ella inició las consultas respectivas a la seremía. Sin embargo, no fue hasta que el caso explotó en la prensa cuando la autoridad instruyó un sumario administrativo, el pasado 16 de junio. Más de un mes después de que tuvo conocimiento de los antecedentes.
A través de un comunicado, los funcionarios acusaron que la situación y las especulaciones que ha provocado, han generado un “ambiente de inseguridad” al interior del ministerio.
“El presente documento, será la única manifestación en medios de comunicación, por lo que reiteramos y agradeceremos no seguir insistiendo, debido a que las especulaciones no han hecho más que incomodar a los funcionarios involucrados y generar un ambiente de inseguridad, de inestabilidad emocional y de enrarecimiento del ambiente laboral”, reza la declaración de los funcionarios del Serviu.
Los funcionarios, además, lamentan “cualquier aprovechamiento político de nuestros dirigentes”, ya que el objetivo principal era “alertar de situaciones poco usuales en los procesos y lamentamos las consecuencias que la información entregada en nuestro rol de funcionarios públicos haya ocasionado para nuestros socios”.
“Dejamos de manifiesto que esta acción, fue representada por nuestra presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias, Carla Olivares Gallardo, a nombre del Programa de Asentamientos Precarios de SERVIU Antofagasta, quienes solicitaron su reserva y privacidad, siendo nuestra dirigenta quien realizó el nexo con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, detallaron.
