Asociación de Magistrados se suma a críticas por recorte presupuestario al Poder Judicial y pide al gobierno “reflexionar” sobre las consecuencias
A través de una declaración pública, indicaron que la rebaja de 17.000 millones de pesos "tendrá graves implicancias en el funcionamiento de los tribunales, la administración de justicia y el acceso de la ciudadanía a un derecho fundamental”.
Esta jornada, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, expresó su preocupación luego de que el gobierno decidiera reducir en más de $ 17 mil millones el presupuesto 2025 del Poder Judicial.
El timonel del máximo tribunal se enteró de la determinación el viernes pasado, por medio de un llamado de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. En este escenario, la tarde de este martes los titulares de la Suprema se dieron cita en un pleno extraordinario, en el cual consensuaron una declaración de seis puntos donde relevaron que cualquier rebaja que se aplique podría poner en serio riesgo el trabajo de los tribunales.
En su declaración, destacaron que la medida “afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia, razón por la cual esta Corte Suprema manifiesta su preocupación”. Agregó que “esta Corte Suprema, por intermedio de su Presidente y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, con el objeto de revertir esta situación o aminorar sus efectos dañinos para el servicio judicial. No obstante, es nuestro deber alertar a la comunidad toda de la grave situación que enfrentaremos durante el presente año, de no revertirse la medida anunciada”.
A esta preocupación se sumó en las últimas horas la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, quienes rechazaron la medida mediante una declaración pública.
“Como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la reciente decisión de realizar una rebaja presupuestaria de 17.000 millones de pesos a nuestra institución, medida que tendrá graves implicancias en el funcionamiento de los tribunales, la administración de justicia y el acceso de la ciudadanía a un derecho fundamental”, indicaron desde la organización.
Al respecto, indicaron que la medida del Ejecutivo pone en riesgo la capacidad del Poder Judicial para cumplir “de manera eficiente y oportuna” su rol como garante de la justicia, la igualdad ante la ley y las protección de los derechos fundamentales de las personas.
Consecuencias
Así, los magistrados destacan cuatro consecuencias producto de la reducción presupuestaria.
1. Impacto en el acceso a la justicia. Afirman que “la disminución de recursos afectará directamente a los sectores más vulnerables de la población, que ya enfrentan múltiples barreras para acceder a una justicia pronta y efectiva”.
2. Paralización de proyectos clave. Los magistrados destacan que “programas tecnológicos, modernización de los sistemas de gestión judicial y capacitación de funcionarios podrían quedar suspendidos, afectando la calidad del servicio entregado”.
3. Sobrecarga laboral. La asociación sostiene que “la falta de recursos incrementará la carga de trabajo en tribunales ya saturados, comprometiendo la resolución de causas dentro de plazos razonables”.
4. Desprotección de derechos fundamentales. Finalmente, destacan que ante la rebaja “las víctimas de violencia intrafamiliar, trabajadores que buscan justicia laboral, menores en situaciones de riesgo, entre otros grupos, verán afectada la respuesta institucional”.
Llamado al gobierno
Ante esto, la agrupación hizo un “llamado urgente” al gobierno, al Congreso y a la ciudadanía a “reflexionar sobre esta decisión, considerando las consecuencias que tendrá para la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones del Estado”.
En este sentido, agregan, “solicitamos la revisión de esta rebaja presupuestaria y la priorización de los recursos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la justicia”.
La declaración concluye señalando que “la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile reitera su compromiso con la ciudadanía y continuará trabajando por garantizar el acceso a una justicia oportuna, transparente y eficiente, pero es imperativo contar con los recursos necesarios para cumplir con esta misión”.
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