Un grupo de WhatsApp entre los tasadores del inmueble de la ex Clínica Sierra Bella y una alta funcionaria municipal de Santiago es el último antecedente incorporado en el caso que se ha transformado en uno de los puntos críticos de la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC).

Fue a partir de las declaraciones de los tres tasadores, reveladas por La Tercera, que comenzó a dilucidarse un antecedentes que no figuraba en la investigación y valió que los querellantes en la causa -los diputados de republicanos Juan Irarrázabal y Johannes Kaiser, a través de su abogado, Sergio Rodríguez, ampliaran la acción judicial para determinar el alcance legal de la coordinación entre quienes debían hacer un trabajo independiente con quienes querían comprar la propiedad, en este caso, la municipalidad.

A pesar de que lo legal se deberá determinar en sede penal, sí habría implicancias -al menos- administrativas para los tasadores, quienes habrían transgredido la norma que regula estos proceso. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Tasadores de Chile (Asatch), Teodosio Cayo: “Se trata de una situación de la máxima gravedad. Es un hecho inaceptable, y a pesar de que las personas en cuestión no son asociadas, afecta a una actividad que siempre debe actuar con independencia y transparencia. Esta es una tarea que debe obedecer siempre a cuestiones técnicas y no otras ”, dice.

¿Dónde radica la gravedad de esto?

Esto es de extrema gravedad, afecta la transparencia del proceso, porque no se cumplieron los requisitos fundamentales que nos establecen tanto las normas regulatorias nacionales como internacionales. Acá se ve afectada la transparencia. Los tasadores deben ser independientes que no deben condicionar los precios. Hay varias cosas que no debieron pasar.

¿Como qué?

El que estén vinculados en un grupo de este tipo, donde no se asegure la independencia del proceso, donde la tasación es un elemento que debe ser 100% técnico e independiente. Eso es clave: la independencia para ejercer nuestra labor. Otro elemento que va en perjuicio de eso es que asistan juntos a un lugar, cuando eso no corresponde. En este caso, al visitar todos junto el inmueble, eso se presta para que existan vinculaciones entre ellos y no aplique la independencia que se debe.

¿Qué se debió hacer, cómo debieron ejercer su rol?

Nuestra Asociación de Tasadores considera que esto no se ajusta a los principios fundamentales que rigen la actividad. A las normas chilenas de tasación, y por eso levantamos la voz en su momento. Estas personas, sin embargo, no son de la asociación y no se puede abrir un proceso sancionatorio por pasar a llevar los principios éticos en que deben actuar, por lo tanto, al no ser de la asociación, no podemos reucrrir a aplicar alguna sanción. Ahora, dada la gravedad del caso, veremos con nuestros abogados si hay alguna opción de iniciar alguna acción judicial, porque mancha a toda la actividad.

¿Qué pasa con el actuar de la funcionaria municipal que, según los tasadores que declararon ante la Fiscalía, los organizó para “trabajar” en conjunto?

Es que eso es irregular. Cuando se requiere el trabajo de un tasador, estos no deben conocer los términos de las negociaciones entre vendedor y comprador. Esa no es su función. El tasar un inmueble es algo técnico, no funcionamos como el gatillador del precio al que luego llegan los involucrados en la compra y venta. En este caso se ve claramente que los tasadores están vinculados entre ellos y también que hay una funcionara que solicita la tarea, no resguardando la independencia del proceso. Hay un conflicto de interés grave en toda esta situación.