Una serie de cuestionamientos generó el hecho de que la Asociación Nacional de Magistrados solicitara, en noviembre de 2017, a diversas empresas privadas que aportaran fondos económicos para financiar la Convención Internacional de Jueces, que se realizó en Chile, y que incluyó charlas e incluso viajes a Viña del Mar para los invitados.
El tema no causó resquemor sino hasta hace pocas semanas, previo a las elecciones del ente gremial, las que se adjudicó la jueza Soledad Piñeiro, tras la gestión encabezada por el magistrado Álvaro Flores.
En esa oportunidad y a solo horas de efectuarse las votaciones, la titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, no solo cuestionó el modelo de recaudación, pues iría contra los estatutos de la organización, sino también la forma cómo esta acción podría afectar la independencia de los jueces y que habría casos en los que, incluso, deberían inhabilitarse. Críticas que, si bien tuvieron apoyo de otros magistrados, también fueron objeto de reproches de algunos miembros, tal como dan cuenta una serie de correos electrónicos publicados por un reportaje de Radio Biobío.
Según publicó la radioemisora, para realizar los aportes, las diversas empresas habrían firmado "acuerdos de confidencialidad", algunas en calidad de "colaboradores".
De los correos electrónicos publicados por ese portal se desprende que algunas firmas habrían aportado con $ 10 millones, pero que también solicitaron no aparecer públicamente en la actividad. Un banco, en tanto, según esos mismos documentos, cedió merchandising para los asistentes y pendones durante la actividad.
Al respecto, la presidenta electa de la asociación, Soledad Piñeiro, quien asumirá en octubre próximo sus funciones, señaló que "no haremos declaraciones al respecto". Sin embargo, el titular en ejercicio, Álvaro Flores, aseguró que los aportes se hicieron mediante "contratos de auspicio", lo que fue "informado y aprobado por unanimidad por el directorio".
Flores descartó también que se haya pasado por sobre los estatutos organizaciones y agregó que el tema será analizado en la reunión de directorio.
Desde el mundo académico hay diversas posiciones. El abogado Luis Bates, exfiscal nacional, dijo que se deben conocer los detalles de la actividad para analizar la pertinencia del financiamiento. Aseguró que "si se trata de una actividad académica, que además incluya a la Academia Judicial, es legítimo", pero que no se justificaría en caso contrario.
Para el penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, "es inaceptable la confidencialidad, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber si los jueces han recibido algún beneficio que podría el día de mañana tener algún favorecimiento", y emplazó a la asociación a "hacer públicos los aportes".
El senador PPD Felipe Harboe no cree que el hecho "afecte la imparcialidad de los jueces", aunque agregó que "no parece adecuado, menos si es confidencial".
