Asociación Nacional de Fiscales inicia paro total de actividades: acusan “menosprecio” del gobierno tras no llegar a acuerdo por reajuste del 12%

La tensión entre la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) y el gobierno tras no alcanzar un acuerdo para incluir a los altos sueldos en el reajuste del 12% para el sector público sigue en escalada.

Este lunes el conflicto sumó un nuevo episodio y, como medida de presión inédita hasta ahora, la organización gremial de los persecutores anunció que iniciará un paro total de actividades durante este día.

Hasta la explanada del Centro de Justicia llegaron los fiscales para anunciar la medida, donde desplegaron pancartas con un crítico y escueto mensaje para el Ejecutivo: “El gobierno menosprecia a los profesionales del Estado”.

“No podemos entender aún que el gobierno en una señal de menosprecio no consideren a los fiscales en el reajuste del 12% en el que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado. Este no es un menosprecio solamente a los fiscales, también a los defensores que hoy se suman a este paro, también a los jueces, pero también a todos los profesionales del sector público”, aseguró el presidente de la ANF, Francisco Bravo.

Según detallaron, además, más del 80% de las audiencias fijadas para este lunes tendrán que ser reprogramadas debido a la paralización, a la que se suman las asociaciones gremiales de defensores públicos y magistrados del Poder Judicial. De todas formas, precisaron que sí se realizarán las audiencias más urgentes, relacionadas por ejemplo a personas privadas de libertad, delitos sexuales y caso de violencia intrafamiliar.

“La señal que da el gobierno no es solamente una señal de menosprecio y de desprecio por los profesionales del Estado, es un mensaje para que se vayan y para los profesionales que hoy día se están formando el mensaje es que no opten por el servicio público, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, las asistentes sociales, los psicólogos que trabajan en la Unidad de Víctimas del Ministerio Público, que cumplen un rol fundamental”, emplazó Bravo, quien elevó el tono de las críticas desde que empezaron las movilizaciones por parte de los fiscales.

“El servicio de Justicia a las 11 de la mañana debería estar completamente paralizado y esto es una responsabilidad del gobierno y de ellos depende, particularmente de la ministra Tohá, que ejerza su liderazgo para resolver esta crisis que afecta a todos los profesionales del sector público”, cerró su declaración Bravo.

El Ministerio Público arrastra más de dos meses y medio una vacancia en su máximo cargo, tras la salida del exfiscal nacional Jorge Abbott. La designación de su reemplazo no ha sido una tarea fácil para el gobierno, que este lunes en su segunda nominación luego del fallido intento de José Morales, buscará que Marta Herrera -directora de la Unidad Anticorrupción del ente persecutor y otro de los nombres presentes en la quina elaborada por la Corte Suprema- sea nombrada como la máxima autoridad de la fiscalía por los próximos ocho años.

El conflicto surgió cuando el pasado viernes 2 de octubre, el gobierno concretó un acuerdo con la mesa de funcionarios públicos para presentar un proyecto de ley que ajuste en un 12% los salarios de los trabajadores con sueldos menores a $2,2 millones, y para quienes tengan sueldos superiores a esa renta se estableció un aumento fijo de $264 mil.

La iniciativa, finalmente, fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y continuará su tramitación en el Senado.

Sin embargo, los funcionarios del sistema judicial -magistrados, defensores y fiscales, entre otros- consideraron que el límite salarial era una discriminación para los sueldos altos del sector público y acusaron que se les excluía del reajuste de remuneraciones del 12%.

El sábado, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, permanentemente emplazada por los persecutores, señaló que había “un principio de conversación. Nosotros entendemos que hay una demanda histórica, nos parece muy importante conversar con los fiscales y estamos totalmente disponibles”.

Sin embargo, al mismo tiempo recalcó que al Ejecutivo le preocupa la señal que se podría entregar si se aumentaban los sueldos altos del Estado. “Como gobierno -y lo ha planteado muy claramente la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda- hay que poner prioridades, no sería una buena señal que para los altos sueldos se aumente tanto”, manifestó Ríos.

Esta mañana, no obstante, el representante gremial de los fiscales respondió a las declaraciones emitidas por la titular de Justicia y desmintió que existan conversaciones en desarrollo entre ambas partes. “Esto no tiene que ver con un aumento de remuneraciones, como señaló falsamente la ministra ayer, es simplemente exigir un trato igual para los trabajadores del Estado. Así no se cuida a la fiscalía”, señaló Bravo en alusión al llamado de Ríos a cuidar el Ministerio Público, haciendo referencia a la búsqueda de un nuevo fiscal nacional.

La primera autoridad de gobierno que se refirió al paro de fiscales durante este lunes fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien al ser consultado por la movilización y la demanda del reajuste de sueldos, respondió que “yo creo que la discusión respecto al salario de los fiscales no amerita quitarle al país la posibilidad de dedicar los recursos frente a la situación que vive el país”.

Además, señaló en conversación con Radio Cooperativa que “los fiscales se den el lujo de parar y retrasar la persecución penal, a mí me parece que eso no corresponde, no es aceptable y lo lamento”.

Según explicó, lamenta el paro de los fiscales porque “hace menos de dos semanas, en el término de la discusión de la Ley de Presupuesto que fue aprobada, se llegó a un acuerdo escrito, formal entre el gobierno y Congreso. Uno de los acuerdos es que una vez nombrada o nombrado el fiscal nacional, el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público”.

En esa línea, agregó que las personas que “nos escuchan ven como hay delitos violentos en Chile y se preguntan qué hace el gobierno y las instituciones para evitar que sigan ocurriendo esos delitos. Una de las cosas que hay que hacer, es que aquellos que cometen estos delitos, y particularmente aquellas organizaciones (...) puedan ser desarticuladas”, y recalcó que ese trabajo “de persecución penal no se puede hacer sin el Ministerio Público, y sin un Ministerio Público fuerte”.