La mañana de este martes, y tras una semana de paralización de actividades, la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (Asume), encabezada por sus directores nacionales y los directores de las direcciones regionales, se manifestaron esta jornada en el frontis de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para entregar una carta y exigir la liberación de fondos. Esto, a raíz de las trabas que acusan que el organismo ha puesto para cumplir con los acuerdos pactados entre las autoridades y los funcionarios.
Según han manifestado mediante un comunicado, 20 funcionarias y funcionarios deberán esperar seis meses para el pago de su aumento de grado, el cual no tendrá carácter retroactivo, “generando en ellos una legítima expectativa”, denuncian en el documento.
Asimismo, indican, desde Asume rechazan “la intransigencia” de la Dipres, ya que “no considera las particularidades del sector educación y específicamente de la Superintendencia de Educación, que hoy no está dando el ancho”.
En esta línea, señalan, el aumento de la dotación “no ha sido proporcional al aumento significativo de funciones de la SIE desde su creación, sumado a la burocratización de nuestras labores y procesos internos y la falta de recursos en tecnología”.
Junto con esto, acusan que “no es comprensible la decisión de la autoridad de nivelar a los encargados en la Dirección Nacional a grado 9, la contratación de asesores de gabinete en grado 5 y 6 y de jefaturas de departamento en grado 4 y 6, desestimando la indicación de este gobierno de limitar este tipo de contrataciones en altos grados”.
“Las y los trabajadores exigimos a la autoridad un compromiso para resolver las necesidades reales del servicio y que se avance de una vez por todas con el fortalecimiento institucional de la SIE”, sostienen en el documento.
En esta línea, destacan que el incumplimiento del pago retroactivo a los 20 funcionarios “solo es la punta del iceberg de problemáticas internas más profundas que involucran cambios estructurales”.
“En lo interno, urge avanzar en la modificación del DFL4 que hoy no representa nuestra realidad y poner el foco en las personas. En lo externo, robustecer el rol fiscalizador de la Superintendencia de Educación en la fiscalización de recursos y reformular la gestión de las denuncias para dar respuesta eficaz y oportuna a la ciudadanía”, sostienen.
