Este jueves 16 de abril se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que traspasa Gendarmería desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad.

Con este acto, tal como se especifica en el articulado, se puso término a las asociaciones de funcionarios que se mantenían en la institución, lo que había sido relevado como una medida clave para combatir irregularidades en penales del país.

De hecho, la presentación de la iniciativa por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric, se dio tras el escándalo de la denominada Operación Apocalipsis, donde la Fiscalía Metropolitana Occidente indaga a un numerable grupo de gendarmes por actos de corrupción.

“A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hayan constituido”, se lee en el texto aprobado por el Congreso y promulgado por el Presidente Jose Antonio Kast la semana pasada.

Que estos gremios desaparezcan implicará un fuerte remezón en Gendarmería. Los cientos de dirigentes sindicales distribuidos en distintas regiones del país ahora ya no estarán protegidos con fuero. Además eso implica que las conversaciones con el Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales de los gendarmes ya no se harán a través de los gremios.

La misma normativa también activa el plazo de un año para que el Ejecutivo presente el proyecto de ley que creará el organismo especializado que se hará cargo de las labores de reinserción social de la población penitenciaria.

Dentro de ese mismo periodo, se deberán enviar al Congreso los proyectos adecuatorios que se requieran para implementar esta compleja reforma.

En dicha labor, como han planteado desde el Ejecutivo, están especialmente abocados los subsecretarios de Seguridad, Andrés Jouannet, y su par de Justicia, Luis Silva, quienes lideran una mesa de trabajo que tiene como tarea evaluar el asunto y todo lo relacionado con el traspaso de Gendarmería.

Esa instancia se ha reunido en dos oportunidades: una ocurrió a inicios del gobierno y la segunda ocurrió la mañana de este jueves, a las 11 horas, en dependencias del Ministerio de Seguridad. Además de los subsecretarios, ahí participaron la jefa de gabinete de Jouannet, Paz Anastasiadis, y el jefe de la división de Seguridad y Orden Público de la subsecretaría, Rodrigo Pino.

El trabajo apunta, como aseguran desde el Ministerio de Justicia, a buscar mecanismos para velar por la continuidad del servicio y avanzar en las proyectos que se requieren, por lo que han ido afinando un protocolo de trabajo, y definiendo nudos críticos en el marco del traspaso.

Por su parte, desde las extintas asociaciones mantienen diálogos con gremios de funcionarios públicos para buscar respaldo en acciones ante organismos internacionales para así resguardar sus intereses. Se está evaluando, según comentaron funcionarios a este medio, una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las preocupaciones

Si bien la reforma ha sido ampliamente respaldada, desde el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) no esconden sus dudas sobre los efectos de la iniciativa. Esto, porque para la entidad es importante que tanto las labores de reinserción como las de custodia respondan a una misma autoridad civil.

“Custodiar exige disciplina, control, seguridad interna y capacidad de respuesta. La reinserción exige continuidad técnica, intervención especializada y otro horizonte institucional. El problema no está en distinguir funciones. La dificultad consiste en suponer que la sola diferenciación resuelve el problema. Ese riesgo merece atención. La custodia queda radicada en Seguridad. La reinserción, en Justicia. Sobre el papel, eso puede parecer especialización. En la práctica, también puede derivar en fragmentación, prioridades divergentes y menor capacidad de conducción sobre el sistema penitenciario en su conjunto. Y en esta materia el conjunto importa. La gobernabilidad de las cárceles exige continuidad entre seguridad, intervención y egreso”, manifestó al respecto el abogado integrante del CPT, Daniel Soto.

En el mismo sentido, el experto afirmó que “custodia y reinserción pueden organizarse en servicios distintos. Lo que no debieran tener es una conducción estratégica inconexa. Ambas funciones requieren una jefatura civil superior, capaz de asumir la responsabilidad de la gestión coordinada del sistema. Sin esa instancia, la especialización puede derivar en fragmentación y, con ello, en menor capacidad de conducción".