Hoy, en el 4° Juzgado de Garantía, se realizó la formalización de las dos personas detenidas por el ataque a la enfermera Pola Andrea Álvarez Cortés (32), quien fue apuñalada once veces a la salida de su trabajo, la Clínica Cordillera, en Las Condes, el domingo.
Los formalizados son Patricia Isabel Henríquez Cortez, también enfermera y excompañera de trabajo de Álvarez en la Clínica Cordillera, y Enrique Alejandro Hanson González, pareja de esta y quien habría atacado a la víctima. El ataque fue realizado por el sujeto previa coordinación con Henríquez Cortez, según la Fiscalía Oriente.
De entrada, acusando el delito de homicidio calificado en su grado de frustrado, fiscal Francisco Lanas solicitó la prisión preventiva para ambos. Tras ello, relató cómo se originó la detención de los imputados. En esa línea, afirmó que el móvil del delito se trató de un conflicto laboral entre Patricia Henríquez y Pola Álvarez. Esta última se desempeña como jefa de Urgencias de ese recinto de salud, cargo que antes ocupó Henríquez.
Sobre esto, el fiscal mostró un video con fecha 23 de junio que fue encontrado en el teléfono celular del hombre, donde se aprecia a Pola Álvarez y otra compañera cantando la canción Te felicito, de Shakira con Raw Alejandro. Dicha canción en su letra señala: “Te felicito, qué bien actúas /De eso no me cabe duda /Con tu papel continúa /Te queda bien esе show/”, para luego continuar: “Esa filosofía barata no la compro /Lo siento, en esa moto’ ya no me monto /La gente de dos caras no la soporto”.
En video se lo habría enviado Patricia Henríquez a su pareja, indicándole que le habían dedicado esa canción. “Ya, crea en Dios”, le respondió el sujeto. El ataque a puñaladas ocurrió 3 días después.
El fiscal señaló que las heridas pudieron costarle la muerte a la joven atacada de no ser por el oportuno traslado hasta la clínica donde fue atendida y posterior atención médica.
Asimismo, el fiscal enseñó imágenes de la moto utilizada en el ataque, que está a nombre de la mujer.
El sujeto, según se acusó, modificó el color de la moto, una Suzuki Intruder negra, pegando stickers de color blanco con el fin de ocultar el vehículo y no ser ubicado. En las imágenes se ven los utensilios que el sujeto habría utilizado para hacer dicho cambio.
Las defensas
Los abogados defensores rechazaron la solicitud de la fiscalía de decretar prisión preventiva para los acusados. Iván Montenegro, abogado de Enrique Alejandro Hanson González, señaló que no habían antecedentes que permitan determinar que su representado sea quien realizó los ataques.
Citando la declaración de la víctima, donde se señala que el sujeto tenía el casco en la mano al momento de hacer el ataque, dijo que la fiscalía no realizó un set de reconocimiento facial del detenido. También cuestionó el supuesto “cambio de look” que realizó el sujeto a la moto. Finalmente, Montenegro señaló que no había registro de llamadas tras el ataque que dieran cuenta del mismo.
Por su parte, César Bustamante, defensor de la acusada, señaló que había una “falta de participación y de delito” por parte de su defendida. En esa línea, cuestionó la “premeditación conocida” en este caso. “Lo único que tenemos previo al hecho es este pantallazo de WhatsApp para entender que hay un plan previo. El legista intentó que se rechazara la prisión preventiva para la mujer argumentando la irreprochable conducta anterior de su representada
Decisión del tribunal
Tras escuchar a todas las partes, la jueza Ximena Rivera Salinas acogió todos los planteamientos de la fiscalía y desestimó las ideas de la defensa. En ese aspecto, decretó la prisión preventiva para ambos.
“Si es que en definitiva se intentó una agresión que se frustró, nada obsta a que se intente nuevamente esa agresión”, dijo la magistrada al momento de resolver la medida cautelar.
“Tomando en consideración la frialdad que implica planificar un delito, sostenerlo en el tiempo, delito que además involucra la afectación del bien jurídico más importante que establece el Ordenamiento Jurídico como es la vida, sumado también a la gravedad de la pena, pero siendo especialmente relevante para esta jueza el hecho de que el delito denota un desprecio por la vida de otras personas, es que también puede entenderse que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, agregó la jueza.
Asimismo, se fijó un plazo de 90 días de investigación.
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