El crimen de Pedro Cabrera Benavides, el trabajador agrícola que falleció luego de un ataque incendiario, ocurrido el sábado en un fundo de la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía, ha estremecido a toda la zona.
Su deceso es investigado por el fiscal Héctor Leiva y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe), de la PDI de Angol. De acuerdo a los primeros antecedentes, Cabrera recibió un impacto de bala que atravesó el parabrisas de la camioneta que conducía. El disparo le llegó en la cabeza, a la altura del pómulo derecho. Pese al esfuerzo del personal médico del Hospital de Angol, Cabrera murió.
El caso llamó la atención del Ministerio Público por el alto poder de fuego del armamento utilizado.
A pesar de que el peritaje balístico aún se está desarrollando, conocedores de la indagatoria indican que las observaciones preliminares dan cuenta de que el casquillo que se encontró en el lugar del hecho se trataría de una munición de calibre 7.57, la cual sería un tipo de armamento que no se ha encontrado en otros atentados de la zona hasta el momento. A su vez, fuentes del caso señalan que las pericias realizadas a la bala que mató a Cabrera coinciden con dicho calibre.
La violencia y tipo de armamento utilizado en estos atentados de La Araucanía motivó a que la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público de esa región abriera hace unos meses una investigación especial para indagar estos antecedentes.
Según explicó el persecutor Leiva en su momento, la indagatoria apunta a “establecer un foco de interés de investigación sobre las municiones y las armas de fuego que se han utilizado en estos hechos y que pudieran estar circulando en la Macrozona Sur (Biobío, Las Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) para la comisión de este tipo de ilícitos”.
Previo al crimen de Cabrera, los investigadores de La Araucanía han encontrado dos calibres de fusil en hechos similares, uno de 7.62 y otro de 5.56.
En otros atentados ocurridos en los últimos años, por ejemplo en el asalto a una caja de compensación de Galvarino, en 2018, se incautó un subfusil. La investigación de esa causa determinó que esa misma arma se usó en un atentado en Curaucatín. Además, a las cuatro personas que en junio fueron detenidas en Traiguén, por porte ilegal de armas, y que luego fueron liberadas en agosto por la Corte de Temuco, se les incautó un fusil calibre 5.56. Actualmente, se están haciendo peritajes para determinar si esa arma fue usada en algún otro atentado de la zona.
La situación en La Araucanía, y en especial en Collipulli, ha generado temor entre sus habitantes. “La gente siente mucha inseguridad, sobre todo quienes viven en el campo (...) Acá se vive con miedo. Quizás cuántas muertes más vamos a tener que lamentar. Al final, nunca encuentran a nadie, pero todo esto que pasa es alarmante”, afirma Pablo Pereira, vecino de la comuna.