Deficiencias en la ejecución de proyectos de infraestructura y en las condiciones en las que se encuentran los colegios, además de falta de reconocimiento oficial de algunos de establecimientos por parte del Ministerio de Educación, detectó la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría que realizó en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

Atacama enfrentó el 2023 un extenso paro docente y cerca de 30 mil escolares, en más de 40 colegios de la región, permanecieron sin clases por casi 80 días. Los profesores exigieron que los colegios que estaban a cargo de los municipios y pasaron a ser administrados por el SLEP contaran con condiciones mínimas para funcionar. Acusaron que los establecimientos carecían de servicios sanitarios adecuados, sus techumbres se encontraban en mal estado, había problemas con el abastecimiento de energía e incluso presencia de roedores.

El informe, de la Contraloría Regional de Atacama, detectó que 17 establecimientos educaciones correspondientes a jardines infantiles de las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla, no cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación.

El organismo fiscalizador constató también que al menos 20 establecimientos cuyo sostenedor es el SLEP Atacama, no tienen cursos con reconocimiento oficial, que van desde el nivel de transición a la enseñanza media.

A su vez, se evidenció que, 15 especialidades como administración, contabilidad, construcción y dibujo técnico, que se imparten en establecimientos técnico-profesional, tampoco tienen reconocimiento oficial.

La Contraloría detectó problemas estructurales en el establecimiento “Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz”. También deficiencias en el estado de los servicios higiénicos y un déficit de servicios sanitarios de los colegios de Caldera, falta de reparación de canaletas de aguas lluvias en establecimientos de Copiapó, y del alcantarillado en establecimientos de Tierra Amarilla.

Frente a esta situación, se pidió al SLEP de Atacama iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas e informar al organismo de control en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de este informe.

Otro de los hallazgos plantea que se llevaron a cabo trabajos de derivación de las descargas pertenecientes a la red de alcantarillado o “Bypass” en 23 establecimientos educacionales, como medida provisoria para controlar la emanación de gases peligrosos en los colegios. Sin embargo, no consta que el SLEP Atacama haya validado que efectivamente se cumpliera con lo dispuesto en el Decreto 609 del Ministerio de Obras Públicas que regula la emisión de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos al sistema de alcantarillado público.

Ejecución de proyectos

Según detalló el organismo fiscalizador, en 2021, el SLEP de Atacama contaba con un presupuesto de $279.974.964 para el equipamiento de establecimientos de educación técnico profesional de las comunas de Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Copiapó y Chañaral. Sin embargo, solo ejecutó un 6,37%, esto es $17.820.904.

Ante este dato, se dispuso que la entidad creada para traspasar los colegios municipales a una administración de carácter Estado debe remitir a Contraloría un instructivo para la ejecución de proyectos, debidamente formalizado, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del informe dado a conocer este martes.