En septiembre, el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto Aula Segura, que reduce de 25 a cinco los días hábiles para expulsar a escolares involucrados en hechos de violencia o que porten bombas, con la promesa de perseguir a "violentistas disfrazados de estudiantes".
Pero este martes La Moneda sufrió su primera derrota en esta materia. Luego de que por la mañana los escolares de la Aces protestaran en la Alameda contra el proyecto, la Comisión de Constitución del Senado declara "inconstitucional" el proyecto, por tres votos contra dos, pues a juicio de los parlamentarios de oposición, no está resguardado el debido proceso de defensa de los estudiantes. Así, el proyecto abrió una nueva pugna política, que en la oposición es liderada por la DC.
"Este proyecto está mal hecho. La ministra tiene que reconocer que tiene que hacer mejor la pega. Este proyecto quebranta las normas de debido proceso y cualquier persona que sea acusada de un delito en Chile tiene derecho a las garantías constitucionales y a un proceso previo racional y justo", dijo el presidente de la comisión, Francisco Huenchumilla (DC).
El senador Alfonso de Urresti (PS) explicó que "la Ley Cubillos, la cual pretende expulsar a alumnos de establecimientos, tiene claros vicios de inconstitucionalidad", y el senador Felipe Harboe (PPD) advirtió que debido a estas falencias en el proyecto, "el Tribunal Constitucional lo podría echar abajo, o lo que es peor, cada joven expulsado por un director podría ir a la corte y van a revocar todas las expulsiones".
Pero la reacción del gobierno no se hizo esperar. "¿Cómo va a ser inconstitucional expulsar a un alumno que lanza una molotov al interior del colegio o rocía con bencina a un profesor?", dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien, además, acusó una "incongruencia" de la oposición.
"Hemos visto más una decisión de bloquear un debate que de avanzar en la tramitación, porque en Chile, quien decide sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley es el Tribunal Constitucional y no tres senadores de oposición", agregó.
Y sus palabras fueron respaldadas por el propio Presidente, quien por la tarde afirmó que el gobierno tiene "la obligación" de no permitir que los hechos de violencia queden en la impunidad. "Vamos a insistir con mucha fuerza y sentido de urgencia en esta ley Aula Segura, que la debimos haber tenido en Chile hace mucho tiempo", afirmó, e hizo un llamado a que los parlamentarios aprueben el proyecto.
El paso a Educación
La declaración de inconstitucionalidad de los senadores está fundada en que el proyecto acorta el plazo de expulsión y no explicitaba un mecanismo para que los escolares pudieran defenderse, lo que será corregido con una indicación que introdujo el Mineduc (ver recuadro).
Sin embargo, hasta este martes el Ejecutivo mantenía la postura de no renovar la urgencia legislativa que posee el proyecto, con lo que, en la práctica, la Comisión de Educación del Senado tenía una tarde para revisar y despachar el proyecto, lo que no ocurrió.
"El gobierno en esta materia se ha equivocado y estamos disponibles a darle una segunda oportunidad al gobierno para que haga bien las cosas, porque el problema no se soluciona expulsando a los estudiantes de un colegio", dijo la presidenta de esa comisión, Yasna Provoste (DC), quien, además, pidió que el Ejecutivo reponga los recursos de la Ley de Presupuestos para convivencia escolar, los que cayeron 17%.
Al respecto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien impulsa el Aula Segura a nivel ciudadano, dijo a La Tercera que la oposición y el oficialismo deben trabajar juntos. "No queremos imponer el proyecto ni que sea aprobado tal como está, hagámosle modificaciones si les parece (…). Aseguremos el debido proceso, corrijamos la redacción para que quede clara la intención del legislador, pero no politicemos", planteó.
Indicación da dos días para defensa
Tras el rechazo de la Comisión de Constitución, el Mineduc introdujo una indicación al proyecto de Aula Segura para corregir la ausencia de un mecanismo de defensa para los escolares que puedan ser expulsados.
El cambio plantea que cuando el director de un colegio sepa que uno de sus alumnos está involucrado en uno de los hechos de violencia tipificados en la ley, "deberá informar al estudiante, a su madre, padre o apoderado del inicio del procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula", y como medida cautelar, prohibir el ingreso del joven al establecimiento.
"El estudiante tendrá un plazo máximo de dos días para formular sus descargos, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía", especifica la indicación.
"Esa indicación es la demostración de que el gobierno se da cuenta de que el primitivo proyecto tenía sus carencias", dijo el senador Huenchumilla, mientras que Harboe advirtió que con esta redacción se obliga al director a expulsar al escolar, incluso si este demostrase que es inocente de los hechos que se le imputan.
