Autoridades de Atacama piden al gobierno declarar emergencia educativa en la región por paralización que se extiende por 60 días

En Copiapó hubo una marcha de profesores que cumplieron 51 días en paro, en la Región de Atacama. Docentes exigen que la autoridad nacional se haga presente en la zona con respuestas y soluciones a demandas del gremio de mejoras en las condiciones del sistema educativo de la zona.
El paro de profesores en la Región de Atacama ya se extiende por 60 días en demanda por insumos básicos e infraestructura adecuada. Foto: Karl Grawe / Agencia Uno.

Con esta medida se busca destinar esfuerzos y recursos para enfrentar la crisis educacional del territorio que mantiene a más de 30 mil estudiantes sin clases y con la incertidumbre de la pérdida del año escolar.


De manera unánime, la Mesa por la Educación en la Región de Atacama, constituida por el gobernador regional, parlamentarios y comunidades educativas, solicitó que el Ejecutivo declare emergencia educativa en la zona para destinar esfuerzos y recursos a enfrentar la crisis educacional del territorio que ya se arrastra por 60 días.

La solicitud se funda luego de la extensa paralización que se registra en los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama y que mantiene a 46 centros educativos y más de 30 mil estudiantes con la interrupción de sus procesos educativos debido a la falta de las condiciones mínimas habilitantes para la realización de clases, como los insumos necesarios y la infraestructura adecuada.

Luego de reuniones e inicio de los trabajos, desde el Ministerio de Educación plantearon una propuesta de recuperación que clases que partía ayer jueves, lo que no se concretó. Con esta medida, el calendario escolar se extendería hasta el 12 de enero de 2024.

La senadora Yasna Provoste (DC), integrante de la instancia de autoridades locales explicó que “ya en la reunión pasada se reconoció por parte de la autoridad que no era viable la propuesta que ellos (Ministerio de Educación) habían señalado, con una fecha que daba cuenta que el diálogo ha sido lo más ausente entre el Ejecutivo y el Magisterio, y en donde también se ha señalado que muchos de los establecimientos educacionales recién van a estar habilitados el día 20 de noviembre”.

La parlamentaria vallenarina agregó que “aquí lo que se requiere es buscar nuevas y mejores alternativas, y claramente en una declaración de emergencia educativa, acompañada de mayores recursos, de más flexibilidad, es lo que efectivamente buscamos en la región”.

En esa línea, la senadora hizo un llamado al Ministerio de Educación para dar cumplimiento a las “condiciones mínimas” para el retorno a clases y afirmó que “luego hay que garantizar también las condiciones de mediano plazo, que son las que el Ministerio debe garantizar en los meses de enero y febrero, de manera de que podamos tener un año escolar distinto”.

“Lo que hoy estamos viviendo en una situación muy compleja para nuestros estudiantes, para las comunidades educativas en general y lo que ha visibilizado el magisterio es que aquí no han existido las condiciones mínimas para que se pueda garantizar el retorno a clases”, explicó la senadora Provoste.

Pausa “activa” para resolver problemas

Paralelo a esta crisis educativa que están enfrentando no solo los servicios locales de educación pública de la región de Atacama, sino que también en el país, la senadora Provoste propuso establecer una “pausa activa” que permita reformar la Nueva Educación Pública y así “mejorar los problemas de gestión que han sido informados por la propia Contraloría General de la República, en donde se da cuenta en que estos problemas no son sólo en la región de Atacama sino también se extienden a otros servicios locales, como el de Colchagua, el de Coquimbo, en donde dos colegios han tenido que suspender clases por el no pago de los servicios básicos”.

En esta línea, la congresista especificó que lo que se ha planteado a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien ha sido la persona que el gobierno destinó para gestionar soluciones, “es que garantice la sustentabilidad financiera del Servicio Local de Educación Pública, de manera de poder asegurar que cuando se regrese a clase, el Servicio Local tenga efectivamente los recursos financieros para garantizar también el pago de los suministros básicos en nuestra zona”.

Respecto a la posibilidad de que los más de 30 mil estudiantes afectados sufran la pérdida del año escolar, la senadora aseguró que este es un escenario que “no está en juego”.

“Aquí no está, no ha estado ni estará en juego en que los estudiantes pierdan el año escolar. Creo que eso es bien importante despejarlo. Nosotros creemos en que aquí lo que tiene que garantizarse con mucha celeridad es que estén las condiciones habilitantes básicas para poder volver en dignidad, porque nadie puede imaginarse que los niños vuelvan a clase sin que existan suministros básicos: agua, energía, en que se haya resuelto el tema de las plagas de roedores, de palomas”, sostuvo.

La parlamentaria por Atacama detalló que también solicitarán “a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (Junaeb) entregue un informe pormenorizado respecto de las resoluciones sanitarias de las distintas cocinas en los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública”.

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