Si el 2020 terminó con una semana marcada por los violentos hechos delictuales ocurridos en la RM, el inicio del 2021 parece no ser tan distinto. Durante la madrugada del domingo un hombre falleció en medio de una balacera en la comuna de La Granja y un menor de 7 años resultó herido. Es el tercer incidente en una semana que acaba con un deceso.
El caso vuelve a poner en la mesa dos temas centrales: la Ley de Control de Armas y la iniciativa que busca perseguir a las organizaciones criminales. En ese escenario, el Presidente Sebastián Piñera convocó para el lunes una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli; la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la secretaria general de la Presidencia (Segpres).
El objetivo de la cita es buscar fórmulas para acelerar la agenda legislativa en seguridad pública. Según explicaron desde el gobierno, son tres los tópicos que incorpora la agenda legislativa en seguridad: la “institucional”, que tiene que ver con la reforma a Carabineros; la “policial”, acelerar los proyectos de Ley Antiterrorista, anticrimen organizado y Ley de Armas; y la agenda “ciudadana”, donde está la reestructuración de las calles y pasajes de las poblaciones, penalizar las carreras clandestinas y entregar más facultades fiscalizadoras a Aduanas y la policía para controlar el ingreso al país de fuegos artificiales.
La subsecretaria Martorell señaló que “necesitamos poder controlar y tener reales facultades fiscalizadoras sobre las armas inscritas. El 90% de las armas incautadas por la PDI estaban inscritas (...). Como Estado es fundamental avanzar rápido en esta reforma”.
Además, acompañado por los ministros Hernán Larraín (Justicia), Rodrigo Delgado (Interior) y Cristián Monckeberg (Segpres), el Presidente Piñera firmó el proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) y la Defensoría de Víctimas de Delitos, que unificará la oferta pública de defensa jurídica para la ciudadanía.
Esta entidad “prestará asesoría legal y jurídica a las víctimas de delitos, y también asistencia sicológica y social”, dijo el Mandatario.
