La Bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por Miguel Mellado, envío un requerimiento a Contraloría para analizar el eventual incumplimiento de obligaciones de la jefa jurídicia de la Secretaría General de la Presidencial, Francisca Moya (FA), quien es la encargada de velar por la legalidad de los documentos que firma el Presidente Gabriel Boric.

Las presiones en contra de Moya aumentaron tras su asistencia la comisión investigadora de la truncada compraventa de la casa del Presidente Salvador Allende. Ante los parlamentarios la abogada reconoció que estaba al tanto de los vicios constitucionales del contrato con el que el gobierno pretendía adquirir la vivienda en Guardia Vieja.

La inhabilidad se remonta a las herederas de la casa: la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, ambas con la prohibición constitucional de visar contratos con el Estado en su calidad de autoridades.

Pese a que el Ejecutivo dio marcha atrás a la transacción, de todas formas la oposición insistió con las acusaciones de irregularidades y las presiones dieron paso a la salida de Fernández del ministerio y la inminente destitución de Isabel Allende, que todavía no ha sido comunicada oficialmente por el Tribunal Constitucional.

Así las cosas, las responsabilidades en el gobierno no han sido suficientes para la oposición y parte del oficialismo, que apuntan a cargos administrativos, particularmente a Moya.

Por lo mismo, ante las defensas de La Moneda a la jefa jurídica, que además es amiga del Presidente hace más de diez años, RN acudió al ente fiscalizador para obtener un pronunciamiento.

En el documento enviado a Contraloría afirman que “una de las funciones neurálgicas de la división jurídico-legislativa del ministerio (de Segpres) en es la de efectuar la revisión técnico legal y de coherencia global de los decretos supremos“.

“En tal contexto, a la Sra. Moya Marchi le tocó la revisión del decreto supremo N°38 que autorizó la compraventa y en un cumplimiento al menos negligente de dicha atribución no reparó en el vicio de inconstitucionalidad que aquejaba al acto”, sostienen.

Con estos y otros antecedentes, solicitan a Contraloría instruir los procedimientos administrativos procedentes para exigir la responsabilidad de la funcionaria.