"Mis deberes principales incluyen investigar todo tipo de delitos penales que impliquen cruzar una frontera de los Estados Unidos. Esto incluye contrabandos como drogas ilícitas, viajes relacionados con terrorismo y comunicaciones, y envíos de productos controlados como pertrechos militares y alta tecnología". Estas son algunas de las funciones de Ricardo González, agente especial del Departamento Nacional de Seguridad de EE.UU. y asignado a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), rol que, según especificó él mismo, ha desempeñado durante 13 años.
Se trata del profesional que declaró por el caso de Carlos Cardoen ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida. Allí especificó que "durante los últimos 15 meses mi cargo ha estado en el Grupo de Investigación Antiproliferación que investiga la exportación ilícita de artículos de Defensa, como municiones y tecnología, así como otras exportaciones que requieren licencias del Departamento de Estado de los EE.UU.".
En el punto 33 de su declaración dice que "durante el transcurso de esta conspiración se entregaron a Irak miles de bombas de racimo de Cardoen. Después de la Operación Tormenta del Desierto, la campaña militar estadounidense que culminó con el fin de gobierno de Saddam Hussein, el personal del Ejército de los Estados Unidos recuperó al menos una bomba de racimo sin usar en Irak. La bomba tenía la marca de Cardoen, y su número de serie concordaba con los números de serie contenidos en la documentación relacionada con los contratos de Cardoen con la Fuerza Aérea iraquí. La bomba fue inhabilitada y transportada a los Estados Unidos".
También apunta que "el 29 de marzo de 1983 (...) Cardoen se reunió en Bagdad, Irak, con oficiales militares iraquíes a fin de negociar la venta de bombas de racimo a Irak. Según una persona que estuvo presente en el momento, y que después pasó a ser testigo para el gobierno de EE.UU., Cardoen explicó a los oficiales iraquíes que habían obtenido circonio de los EE.UU. para usarlo como refuerzo incendiario en sus bombas de racimo". González también dijo que tras la acusación el empresario fue entrevistado por la prensa chilena: "Explicó que su empresa de la industria de
Defensa se hallaba en Iquique, Chile, donde se enviaba el circonio. Admitió que había desarrollado este uso del circonio para fines de artillería, incorporándolo en sus bombas de racimo que vendía a Irak".
Al finalizar su declaración, indicó que "la gente de Swissco, que era uno de los asociados comerciales más cercanos de Cardoen y responsable de obtener muchas de sus compras de los EE.UU., señaló a los agentes y testificó en juicio que Cardoen le dijo explícitamente que debía manejar con cuidado las exportaciones de circonio, porque estaban exportando el circonio con licencias de uso minero, aun cuando en realidad se usaba para aplicaciones militares".