La primera acción que realizó el OS-9 de Carabineros una vez que detonó un artefacto explosivo en la 54° Comisaría de Huechuraba fue solicitar la información del envío a Correos de Chile. Este contacto no solo permitió advertir a las oficinas de Quiñenco que un segundo envío había sido entregado a nombre del gerente legal del grupo, el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter: también facilitó obtener las primeras luces sobre los pasos a seguir para encontrar a los responsables del atentado que dejó a ocho carabineros lesionados.
Es así que minutos después del ataque, ocurrido el jueves cerca de las 13.00, el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, decidió que se iniciara la revisión de las cámaras de seguridad cercanas a la oficina de la empresa postal en Gran Avenida 10226, comuna El Bosque. En este lugar, el miércoles una persona dejó ambos paquetes bajo el remitente de la directora de Seguridad Ciudadana de esa comuna.
El análisis del registro de lo ocurrido los días previos al ataque es la prioridad de la investigación. Para ello, además de la incautación de los registros de todas las cámaras cercanas a la oficina, se tomó declaración a los funcionarios de dicha oficina y a vecinos del sector.
Pese a que fuentes de la investigación aseguran que aún no se ha dado con un responsable, sí se sabe que hay una persona que dejó las encomiendas. Es apuntado como primer responsable de los ataques y su individualización permitiría comenzar a resolver las interrogantes sobre los otros posibles causantes.
Mientras esto ocurre, se esperan los resultados de los peritajes que se practican a los explosivos. En este sentido, el artefacto dirigido contra Hinzpeter y que no detonó aparece como fundamental para el futuro de la investigación, pues permitiría detectar alguna huella o ADN. En el caso del artefacto que explosionó al norte de la capital, es más difícil encontrar pistas, dado que se contaminó como evidencia al momento de estallar.
En una primera instancia, este análisis fue hecho por el Gope de Carabineros, para pasar luego al Laboratorio de Criminalística de la policía uniformada (Labocar). De todas formas, no se descarta que al peritaje de estas unidades de la policía uniformada se sume también la PDI, luego de que la institución se sumara hoy a la búsqueda de los responsables debido a la petición de coordinación entre ambas policías que realizó el Presidente Sebastián Piñera.
Grupo Tedax
La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, destacó la importancia que tiene en el resultado del caso lo que se realice durante los primeros días tras el ataque. "La investigación fue decretada secreta por el fiscal Barros. Necesitamos que las diligencias de los primeros días, que son las más relevantes, transcurran sin inconvenientes para tener pruebas de calidad y evitar que el día de mañana alguien pudiera quedar absuelto por estos problemas", enfatizó.
"En ese sentido, no tenemos más antecedentes y queremos que se entienda que es una investigación compleja, difícil", añadió.
Al mismo tiempo, la autoridad regional destacó los recursos que el gobierno metropolitano entregó a la PDI para el equipamiento del nuevo grupo Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), el cual fue capacitado en España a partir de la experiencia que dicho país tiene en esta materia, principalmente debido al prolongado combate que sostuvo contra el hoy extinto grupo vasco separatista ETA.
"Aprobamos más de $ 1.000 millones a la PDI para investigar ataques explosivos, así que durante el segundo semestre la policía contará con tecnología de primer nivel para investiga estos hechos", señaló Rubilar.
