Brechas por la gratuidad obligan a universidades a aplicar ajustes

La política de gratuidad en la educación superior está produciendo brechas financieras en varios de los planteles, ya que la ley establece aranceles fijos que paga el Estado, que a veces son más bajos que los aranceles reales, y porque a aquellos alumnos que se atrasan en sus carreras se les quita el beneficio, pero no se les puede cobrar más de la mitad del valor de la carrera.

Solo por esta última condición, las 27 universidades del Consejo de Rectores (que son parte de las 46 instituciones que están en la gratuidad) tendrán una pérdida de $ 36.616 millones el próximo año, ya que hay 23 mil jóvenes de esas instituciones que se atrasaron en sus estudios. Y a eso, hay que sumar que por ley, en 2019 habrá un límite al cobro de los aranceles de los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, que son los que no están en la gratuidad.

Esta situación ha hecho que varias universidades comiencen a "apretarse el cinturón", lo que ha sido advertido por los propios estudiantes. Ese es el caso de la U. de Chile, donde su federación de estudiantes (Fech) cuenta que la rectoría aplicará reajustes en los aranceles de los estudiantes del decil 10, los que van del 3,5% en Bachillerato, al 9,9% en las facultades de Artes y de Filosofía. De hecho, esta última facultad y la de Arquitectura y Urbanismo, hoy estaban en toma, y otras unidades estaban en paro.

La presidenta de la Fech, Karla Toro, explica que "la 'beca gratuidad' está generando un desfalco en las instituciones públicas, por lo que nos estamos movilizando para discutir el presupuesto de las universidades". Según ella, la responsabilidad es "del gobierno anterior, por cómo se implementó esto, porque no era lo que exigimos en 2011".

Como respuesta, la rectoría anunció que habrá una beca interna para los estudiantes del decil 10, para que el reajuste no les afecte. "Estamos preparando el escenario para enfrentar esta 'beca gratuidad' en 2019, porque lo que exigíamos era que la gratuidad fuera un aporte basal directo", dice Toro.

Los planteles privados que poseen el beneficio también están viviendo ajustes. El caso más conocido es el de la U. Diego Portales, donde la Facultad de Derecho desvinculó a algunos académicos para ajustar su presupuesto. El presidente de la federación de estudiantes de ese plantel, Rodrigo Rivera, alerta que la rectoría "aún no ha dado claridad del ajuste presupuestario" que podría haber, lo que mantiene "en una situación de alta incertidumbre a los académicos".

Otro cambio que aplicó la UDP, cuenta Rivera, fue dividir los horarios de almuerzo de los alumnos, para optimizar los recursos y el uso de las salas.

Un ajuste mayor está viviendo la U. Finis Terrae. El presidente de la federación, Francisco Pérez, afirma que se pospuso la construcción de un nuevo edificio, que buscaba descomprimir el hacinamiento que viven los estudiantes en la casa central, donde hay 8 mil alumnos y 25 carreras en apenas cuatro edificios. Además, dice que se postergó la contratación de académicos con doctorados.

"Apoyamos el beneficio de la gratuidad, porque permite que muchas personas estudien, pero creemos que esas personas también se ven postergadas, porque no van a acceder a la educación que deberían tener", afirma Pérez.

Ante estos problemas, el Consejo de Rectores creará una mesa de trabajo junto al Mineduc para revisar el sistema de financiamiento de la educación superior. Sin embargo, la ministra Marcela Cubillos dice que "ningún rector puede darse por sorprendido con los efectos de la gratuidad. Se planteó en el debate parlamentario, en el debate político, cuando se definió esta ley".

"Me parece que es un avance que los rectores de las universidades afectadas reconozcan que hay un problema en el diseño y que lo que hay que hacer es introducir reformas, por eso se decidió armar esta mesa técnica", agrega la ministra.