"La tierra para el que la trabaja". Ese fue el lema que se extendió incontenible en los campos en Chile en las décadas de 1960 y 1970, durante la conflictiva y muchas veces dramática puesta en marcha de la Reforma Agraria. Este proceso dejó profundas huellas y sus consecuencias están presentes hasta hoy, pese a que el escenario del presente en el agro, hegemonizado por la actividad frutícola exportadora, poco tiene que ver con las realidades que se vivieron hace más de cinco décadas.
"La reforma obedeció a unas circunstancias particulares que vivió Chile en la década de los 60, en parte por un tema internacional y por características del agro chileno", explica el historiador Cristóbal García-Huidobro. Añade que el tipo de relación entre los inquilinos -campesinos sin tierra- y el latifundio, "que se venía arrastrando desde la época colonial, no tenía ningún sentido que siguiera existiendo, fundamentalmente porque había conciencia de la necesidad de dar un paso a la industrialización del campo", enfatiza el académico de la U. de Santiago.
"La estructura agraria mantenía una forma muy tradicional y conservadora, en la que los grandes latifundios eran mal explotados y no existía ningún tipo de estructura ni organización que defendiera los derechos de los campesinos", puntualiza la historiadora Isabel Torres, especialista en historia política de Chile contemporáneo.
Terrenos en el limbo
En medio del complejo y muchas veces contradictorio avance del proceso, desde la tibia "reforma de los maceteros" de Jorge Alessandri a su profundización con Eduardo Frei Montalva y las tomas de fundos bajo Salvador Allende, una de las concepciones que marcaron la reforma fue la tendencia a enfatizar el aspecto comunitario del trabajo agrícola. Así, los campesinos que recibían terrenos expropiados eran organizados en asentamientos, donde recibían apoyo técnico de organismos como la Corporación de Reforma Agraria (Cora). En esos asentamientos se reservaban paños de uso común, los que albergaban silos, tranques y galpones.
Pasaron las décadas y muchos de los antiguos asentamientos cambiaron su carácter, con nuevos propietarios y otros usos para los predios. Y en medio quedaron esos espacios comunes, sin una definición clara para su aprovechamiento.
"Algunos de estos terrenos quedaron, por decirlo así, en el limbo", precisa el sociólogo Octavio Avendaño. "Lo que ocurre es que muchos de ellos no se van a asignar posteriormente a otros pequeños propietarios".
Estas áreas con el tiempo albergaron canchas de fútbol, sedes sociales y otras construcciones. No obstante, cuando los habitantes de la zona o los municipios quieren realizar mejoramientos, no logran acceso a recursos porque el actual estatus legal de estos predios impide postular a proyectos de financiamiento.
"Lo que ocurre con estos bienes comunes es que como pasaron 50 años, Chile cambió. En las antiguas parcelaciones la gente que recibió terrenos en la reforma o falleció o vendió. Ya no son los mismos dueños", precisa la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, quien señala que la preocupación por este tema fue planteada en un principio por el diputado Jorge Sabag (DC).
Agrega que de acuerdo con la Ley 19.386, que normó la enajenación de bienes comunes de la ex Cora, se exigía un quórum alto de los antiguos comuneros para adoptar decisiones, cosa imposible de conseguir hoy, considerando que muchos de los antiguos comuneros ya no están.
"Lo que nosotros queremos es mantener el mismo espíritu que dejó el expresidente Eduardo Frei Montalva: que estos espacios fueran de utilidad para toda la comunidad campesina. Buscamos que hoy sean útiles en otras cosas, como albergar canchas deportivas, jardines infantiles, postas rurales o juntas de vecinos", añade.
Bravo, quien se define como "hija de la Reforma Agraria" -militó en la DC y admite que "escuché toda la vida sobre este tema" en su familia-, precisa que la fórmula se basa en el Decreto Ley 2.695, uno de los "decretos madres" de los procesos de regularización de propiedades que desarrolla Bienes Nacionales, junto a recientes dictámenes de la Contraloría. Así, la estrategia se fundamenta en el concepto de "posesión material del bien" por mas de cinco años. "Entonces, la municipalidad o el club deportivo que utiliza una cancha en ese predio común puede ingresar el expediente para solicitar a Bienes Nacionales la regularización de la propiedad, por la vía de la aplicación del DL 2.695 y como ocupantes efectivos", ejemplifica la subsecretaria. Así, ya como dueños, las municipalidades o las organizaciones sociales que realicen el trámite podrán optar a programas para realizar mejoramientos.
La autoridad ha sostenido reuniones con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para realizar un catastro de los bienes comunes en esta condición. Se estima que existen 1.500 parcelaciones entregadas a través de la ex Cora, pero se desconoce cuántos son los bienes comunes que hay en esos predios.
Al mismo tiempo, Bravo aseguró que se establecerán cláusulas para evitar que estos paños sean comercializados o se conviertan en objeto de especulación inmobiliaria.
Ignacio Bravo, presidente del Comité de Parceleros San Jorge, en la comuna de Ñiquén (Ñuble), cuenta que los vecinos fueron beneficiados con la reforma en los años 70, en tierras de la antigua hacienda de Recaredo Ossa. Hoy quieren mejorar diversas instalaciones, pero no cuentan con recursos. "Esperamos que en ese lugar pueda haber un retén de Carabineros o un cuartel de Bomberos", señala.
