En la segunda semana de julio, la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, arrojó en sus resultados que los ministros Giorgio Jackson (de 36% a 31%), Carlos Montes (de 55% a 45%), Jeannette Jara (de 65% a 54%), Camila Vallejo (de 48% a 41%) y Marco Antonio Ávila (de 39% a 34%) evidenciaron en el último sondeo un desplome en su aprobación, llegando los últimos tres a su porcentaje más bajo desde que asumieron su cargo en el gabinete.
Pese a ello, y a que las últimas semanas han estado marcadas por la polémica del caso Convenios y la fallida acusación constitucional en contra del jefe del Mineduc, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric registró un alza de dos puntos, llegando al 31%, mientras que su desaprobación bajó a 63%.
No obstante, en el otro extremo, se encuentra el titular del Deporte, Jaime Pizarro, que con un 72% de aprobación, se mantiene como el mejor evaluado del gabinete. A él lo sigue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve con un 57%; el ministro de la Segpres Álvaro Elizalde con 54%, el jefe del erario fiscal, Mario Marcel con 53% y la ministra del Interior, Carolina Tohá con 52%.
Por otra parte, el estudio de opinión dio a conocer que un 56% de los encuestados cree que la reforma a la salud es la iniciativa más prioritaria actualmente, seguida por la construcción de 260 mil viviendas y la reforma de pensiones, ambas con un 44%.
Reforma de pensiones
En torno a este último proyecto, que fue presentado por el Mandatario en noviembre del año pasado, un 50% asegura estar poco o nada informado. Además, un 61% piensa que los fondos que se acumulan en su cuenta de AFP deben ser propiedad de las mismas personas.
Sin embargo, el 49% se muestra en desacuerdo con la reforma, contra un 36% que la respalda. Al respecto, las principales razones que explican un rechazo mayoritario están asociadas a que el 80% quiere que las personas sean quienes elijan si entre una institución estatal o una AFP para administrar los fondos de pensiones ahorrados y los que vendrán del 6% de cotización adicional.
Además, un 90% espera que los fondos sean heredables y sólo un 12% quiere que el 6% extra de cotización vaya en su totalidad a un fondo común solidario como propone la reforma.
En este sentido, para un 40% la prioridad del proyecto se debe centrar en que se asegure una Pensión Básica Universal (PGU) de 250 mil pesos financiada por el Estado, mientras que para el 28% lo más importante es aumentar la cotización de los trabajadores en 6% y que sea pagado por los empleadores.
Asimismo, un 70% está de acuerdo con que las AFP no puedan cobrar comisiones cuando su rentabilidad sea negativa; un 68% está a favor con que el Estado destine más recursos que vienen desde los impuestos que pagan las personas para financiar la PGU, y un 64% apoya la creación de una AFP estatal que compita con las actuales AFP privadas.
Por otra parte, un 68% está en desacuerdo con que se equipare la edad de jubilación, subiendo la de mujeres de 60 a 65 años; un 76% está en contra de atrasar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años; y un 79% no está a favor de atrasar la edad de jubilación de los hombres de 65 a 67 años.