El pasado 3 de abril, el Ministerio de Educación retiró el proyecto de ley que presentó el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para reemplazar el actual Crédito con Aval del Estado (CAE) y se comprometió a presentar una nueva iniciativa en un plazo autoimpuesto de 90 días.
Hoy, en el ex Congreso, sesionó la comisión encargada de investigar actos relativos a los créditos de financiamiento en educación superior, la misma que deberá legislar cuando se presente el nuevo proyecto.
En la instancia, Tomás Bayón, director ejecutivo de la Comisión Ingresa, órgano fiscal encargado de administrar los créditos para la educación superior, entregó datos respecto del pago y endeudamiento de los más de 870 mil estudiantes que han solicitado el CAE desde su implementación en 2006.
De acuerdo a sus registros, a diciembre del año pasado, de un total de 390.220 beneficiados del CAE, un 42% mantenía cuotas morosas por un total de $ 842 mil millones. Estas, van desde una cuota hasta la totalidad del monto, es decir, superan los 12 meses sin ejercer ningún pago. En esta última situación se encuentran 56.319 desertores de sus carreras y 58.106 egresados (ver tablas).
Para Marco Kremerman, director de Fundación Sol, estos datos no dan cuenta de personas que simplemente no quieren pagar su deuda, sino que tienen otras razones de fondo: "Nosotros hicimos un análisis de los deudores según la comuna de procedencia y justamente son los sectores con mayor pobreza los que presentan más morosidad. Esto lo atribuimos a ingresos bajos o a ingresos discontinuos, aún más en el caso de los desertores".
Durante la sesión, Bayón realizó un análisis que causó sorpresa en varios de los asistentes. "Si el dinero del CAE se hubiese utilizado en política de gratuidad, se habrían financiado 533 mil carreras y no 800 mil como se ha hecho", señaló.
Para la diputada del Frente Amplio (FA) Camila Rojas, ambas cifras no se condicen. "Se pudo haber cubierto 533 mil carreras en desmedro de 800 mil personas que hoy están endeudadas. El director no magnifica eso. Hoy esas personas endeudadas no pueden tener una línea telefónica ni acceder a un crédito hipotecario", argumentó.
Asimismo, se desprendió información del valor de las cuotas que deben pagar los actuales deudores. Mientras 179.175 beneficiarios deben cancelar mensualmente menos de 1 UF ($ 27.070 aproximadamente), hay otras 192 personas que pagan en promedio 11,87 UF, es decir, un valor cercano a los $ 300 mil.
Estos datos causaron reacciones divididas. Para Ariel Ramos, investigador de política educativa de la fundación Educación 2020, el monto no sería irracional. "Pensando en todas las modificaciones que se la han hecho al CAE, el crédito tiene una cuota contingente al ingreso. Y desde esa lógica, uno podría decir y concordar con que existe disparidad en los sueldos. No es ilógico pensar que estas personas puedan estar ganando sobre $ 4 millones".
Distinta es la opinión del director de Fundación Sol: "Aunque sea un grupo pequeño de personas, es una muestra del nivel de compromiso que pueden llegar a tener los ingresos futuros o presentes. Esta política de financiamiento termina coartando las libertades para, por ejemplo, desarrollar un proyecto de vida".
Nuevo crédito
A poco más de un mes para que se cumpla el plazo impuesto por el gobierno, todos los consultados concuerdan con que la nueva iniciativa debe tener un piso mínimo: no contemplar la participación de la banca e incluir a los miles de endeudados actuales: "No basta con que pensemos cómo vamos a endeudar a los futuros estudiantes, sino que tenemos que pensar en todos quienes se vieron perjudicados por una política de endeudamiento que lleva más de una década", sostuvo la diputada del FA.
