CAE: sólo 8,3% de las personas con garantías ejecutadas acordó un plan de pago con Tesorería

Las cifras son decidoras: apenas 31.590 de los 410.001 estudiantes a cuyos Créditos con Aval de Estado (CAE) se les ejecutó la garantía por no abono de cuotas ha suscrito un convenio de pago con la Tesorería General de la República (TGR). Dicho de otro modo, 378.411 personas no ha acordado un plan para ponerse al día con la deuda que pasó a manos del Estado al ser éste el aval del préstamo.

Esos son los datos que aporta la propia TGR luego de una solicitud de información por Transparencia hecha por La Tercera y que, en detalle, señalan que son 448.083 los créditos a los que se les ejecutó la garantía, correspondientes a los 410.001 estudiantes ya detallados. De ese total, esas 31.590 personas que sí concretaron su intención de ponerse al día suscribieron 85.761 convenios, toda vez que hay individuos que pueden haber pedido más de un crédito. De ese total de convenios, 38.082 están caducados, 34.186 terminados de pagar, 10.768 activos y 2.725 reprogramados.

La información de la TGR, además, aporta el monto total que el Estado debió pagar para saldar la garantía de cada uno de los créditos, independiente de que el deudor tenga o no suscrito un convenio de pago. La cifra, en este caso, asciende a $2.508.359.702.828, es decir, 2,5 billones de pesos o cerca de 2.759 millones de dólares. De ese total, $2.351.664.322.687 -$ 2,3 billones- corresponde a dinero que, hoy por hoy, el Estado no estaría recuperando al tratarse de dineros que deberían ser devueltos por personas que no han suscrito un convenio de pago.

En la solicitud de Transparencia a la TGR hay también otras cifras relevantes. Como por ejemplo aquellas que detallan, anualmente, el total de garantías ejecutadas por no pago. Ahí es posible observar que 2021, en plena pandemia por el Covid-19, fue el año en que hasta aquí se ha ejecutado la mayor cantidad de garantías, cifra que ascendió a 96.774, muy por encima de las 14.443 que se habían registrado en 2020. Desde ese entonces, el número ha ido descendiendo, pasando de 81.120 en 2022, a 65.740 en 2023, a 58.542 en 2024 hasta la entrega de la información.

“La morosidad, y por consiguiente la ejecución de garantías, ha aumentado sostenidamente desde 2015 a la fecha. Es una tendencia de causas múltiples, que se acentuó a partir del año 2020, producto de los efectos económicos de la pandemia por Covid-19, particularmente en el mercado del trabajo, lo cual está estrechamente relacionado con la capacidad de pago de la deuda contraída por los estudiantes”, analizan desde la Subsecretaría de Educación Superior.

Pero, ¿por qué las personas ni siquiera suscriben un convenio de pago, independiente de su situación económica? Para Juan Eduardo Vargas, exsubsecretario de Educación Superior de Piñera II y vicerrector académico de la U. Finis Terrae, son dos los motivos: “Por un lado hay un desconocimiento respecto de la posibilidad que entrega la TGR para hacer este convenio, con buenas condiciones, no es que pongan la soga al cuello”. Y por otra parte, añade, “sin ninguna duda está relacionado el hecho de que las personas piensen que viene una condonación. Se habló tanto que gran parte de esa gente pensó que algo le iba a tocar, por tanto no tiene ningún sentido reprogramar la deuda. Es súper racional no fijar un convenio”. Por eso, cierra, “uno más bien podría pensar que la gente que sigue firmando convenios es demasiado responsable cuando existe una declaración de que se va a condonar”.

Consultados por su mirada al respecto, desde la Subsecretaría de Educación Superior insisten en el aumento de la morosidad y sus factores, donde ven que “las personas deudoras del CAE presentan inserciones ocupacionales y niveles de ingresos muy por debajo de lo esperado cuando se formuló la política”. En la repartición del Mineduc, además, tampoco abordan si en esta escasa suscripción de convenios de pago ha incidido últimamente la promesa de condonación, que ha ido mutando en su tono con el correr del tiempo.

Como sea, lo cierto es que 244.619 de los beneficiarios a quienes se les ejecutó la garantía son mujeres, es decir un 55% del total y cuyas deudan suman $ 1.366.193.411.366. En tanto, los hombres -201.568- acumulan $1.057.634.130.65. Del mismo modo, es posible apreciar que luego de un peak en 2019 de 13.822 convenios de pago pactados, luego la cifra se ha mantenido más o menos estable: 8.619 en 2020, 8.819 en 2021, 8.501 en 2021, 9.634 en 2023 y 7.690 en lo que va de este año.

¿Y en qué comuna residen aquellos beneficiarios a los cuales se les ejecutó la garantía? Santiago lidera el listado con 15.425 personas, seguido de Puente Alto (14.854), Maipú, (14.302), La Florida (9.760), Concepción (9.051), Viña del Mar (8.159), Valparaíso (7.967), Temuco (7.893), San Bernardo (6.279), Puerto Montt (6.167), Talca (6.138), Chillán (5.363), Rancagua (5.309), Ñuñoa (4.974) y Los Ángeles (4.871).