A un día de que finalizara su vigencia, el Congreso aprobó este miércoles la segunda prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en tres regiones del norte del país desde febrero.

La medida, que abarca las provincias de Arica y Parinacota en la Región de Arica y Parinacota (excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica); la provincia de Tamarugal, en la Región de Tarapacá; y la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta, exceptuando el radio urbano de la ciudad de Calama, vence el 17 de marzo, por lo que el Presidente Gabriel Boric ingresó un oficio en el que solicitó -por primera vez en su administración- su extensión por 15 días más.

La solicitud fue revisada en la mañana de este miércoles por la Cámara de Diputados en una sesión que contó con la presencia de la ministra del Interior, Izkia Siches; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Tras la votación, la prórroga fue aprobada por 142 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

En detalle, quienes rechazaron la solicitud fueron las diputadas comunistas María Candelaria Acevedo y Lorena Pizarro, además de Pamela Jiles (PH). En tanto, la abstención fue por parte del diputado Carlos Bianchi (independiente).

Luego, la medida pasó a su trámite en el Senado, donde fue revisada esta tarde y visada por 39 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El voto en contra lo dio la senadora independiente Fabiola Campillai; mientras que las abstenciones fueron de Alfonso de Urresti (PS) y de Jaime Quintana (PPD).

Tras su aprobación en ambas cámaras, el Estado de Emergencia en el norte regirá hasta el 1 de abril. Esta extensión se convirtió en la primera prórroga aprobada por el Congreso, pero la segunda en total. La primera fue anunciada el 2 de marzo por el gobierno anterior de Sebastián Piñera y en ese caso no se requirió del acuerdo del Parlamento.

Balance de gobierno tras 30 días de vigencia

El Estado de Excepción en las regiones del norte comenzó a regir el 16 de febrero de este año y fue impulsado por la administración de Piñera por “grave alteración del orden público”.

Su decreto se debió a la crisis migratoria y de seguridad que se desencadenó en la zona y luego de la muerte de Byron Castillo, camionero que cayó desde un paso sobre nivel en Antofagasta tras sostener una discusión con un grupo de inmigrantes.

A casi 30 días de la vigencia del Estado de Emergencia, la ministra del Interior, Izkia Siches, precisó en su intervención en la Cámara de Diputados en que si bien la medida en la zona no tiene por objeto “reducir los flujos migratorios ni tampoco los irregulares, y ahí quiero ser transparente con ustedes y así las cifra lo clarifican”, sí permite “proteger a las personas que están en situación de migración, detectarlas y no dejarlas abandonadas en los territoritos que son muy hostiles” y también “detectar el crimen organizado”.

En esa línea, abordó cifras en torno a la crisis migratoria que se desencadena en la zona norte y desde que está vigente el decreto. “Parte de la crisis migratoria evidentemente tiene razones que han dejado la migración de más de 6 millones de personas, particularmente de Venezuela, en donde el 80% de ellos se encuentran en distintos países de América del Sur”, explicó.

“Esto ha traído, en consecuencia, que nuestro país y particularmente el norte, tenga que enfrentar un flujo migratorio para el cual no está preparado”, agregó, y precisó que hay un “aumento dramático de los ingresos producto de las situaciones que ya conocen, desde 6.300 personas que migraban en situación irregular en 2018 a más de 56 mil en 2021. Eso ha hecho que con todo y Estado de Excepción Constitucional, los ingresos diarios de 138 sigan aumentando a 144, por eso quiero ser honesta, las soluciones no son fáciles ni inmediatas”.

Así también detalló que la presencia de militares en labores humanitarias y control de fronteras “permite reducir la dotación de Carabineros y poder desplegarlos en las zonas urbanas en donde ha aumentado la presencia de distintos tipos de ilícito”. Eso sí, apuntó a que la adopción de estas medidas ha ayudado a prevenir y detectar “pero muy sutilmente” aquellos eventos, con una reducción “de tan solo un 12%”.

La jefa de gabinete también aseguró que como gobierno “nos hacemos cargo del no retiro del Estado de Excepción y a preparar la desescalada a futuro con la ayuda de los decretos y la comunicación que ya se ha iniciado desde el Ejército y las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, liderado por nuestra ministra (de Defensa) Maya Fernández, en conjunto con las policías, la fiscalía y Carabineros”.

Finalmente, también puntualizó en que “próximamente” el subsecretario Monsalve se desplegará en distintas zonas del territorio para “buscar los mecanismos más ágiles para que podamos tener un flujo migratorio ordenado y también enfrentar esta crisis humanitaria con una mirada integral”. Además, según ha indicado la ministra en otras ocasiones, se espera que durante marzo visite también la zona norte.