Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó -y con eso el Congreso despachó a ley de la República- la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, un organismo especializado en abordar el crimen organizado y delitos de alta complejidad dentro del Ministerio Público.

El proyecto fue visado por unanimidad, con 126 votos favorables.

La idea es hacer frente a los cambios que ha experimentado la criminalidad que opera en Chile, la que se ha complejizado y presenta mayores niveles de violencia. Uno de los ejes de la iniciativa -ahora ley- es que permite que un mismo fiscal pueda instruir órdenes unificadas respecto de asociaciones pesquisadas, más allá de la región donde operen, como sucede en el caso de los delitos federales en Estados Unidos.

De esta forma, se establece una unidad que tendrá atribuciones para investigar delitos complejos vinculados a asociaciones criminales que funcionan en distintas zonas del territorio. El diseño de la misma, en todo caso, dependerá de lo que se establezca en la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público.

Tras su aprobación en el Congreso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que ésta sería “la reforma institucional al Ministerio Público más importante que ha existido, desde su creación en el año 1997″.

“No es simplemente la creación de la Fiscalía Supraterritorial, es también una manera de comprender y entender el rol de la persecución criminal. Hace más de 10 años este Congreso viene discutiendo la iniciativa y es enhorabuena y en este momento que se logra la madurez para avanzar en ese sentido”, señaló.

Asimismo, el secretario de Estado indicó que la reforma constitucional aprobada “forma parte de la agenda priorizada de seguridad, acordada entre el Ejecutivo y los presidentes del Senado y de la Cámara”.

Estas son las características de la Fiscalía Supraterritorial:

  • Especialización en crimen organizado y delitos de alta complejidad.
  • Competencia en todo el territorio nacional, lo que le permite intervenir en casos que trascienden las fronteras locales.
  • Estará a cargo de un fiscal jefe designado por el Fiscal Nacional, a propuesta de la Corte Suprema.
  • Ese fiscal gozará de la confianza exclusiva del Fiscal Nacional y puede proponer persecutores adjuntos para la Fiscalía Supraterritorial.