Cámara despacha al Senado proyecto que endurece Ley de Migraciones

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad en general el proyecto que modifica y busca endurecer la actual Ley 21.325 de Migración y Extranjería.

En representación del Ejecutivo asistió a la Sala del hemiciclo la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien solicitó a los parlamentarios aprobar la iniciativa que contaba con suma urgencia, condición que fue repuesta por el Presidente Gabriel Boric.

Sobre la normativa, Tohá destacó que “esta legislación pone normas más estrictas que de alguna manera se alinean con lo que es la legislación internacional”.

En ese sentido, aseguró que en Chile se nacionalizaba “con mucha velocidad, con poco tiempo de permanencia, nacionalizábamos con tiempos realmente récord de breves a las personas que tenían vínculos familiares en el país y esta legislación lo está corrigiendo y llevándonos a estándares más parecidos a los que tienen la mayoría de los países que tienen situaciones de realidad migratoria intensa como ha tenido Chile en los últimos años”.

Además, indicó que “se hace una innovación que es bastante relevante respecto a cómo se regula el acceso a la nacionalidad y el acceso a la residencia y la renovación de la misma, dependiendo no sólo del buen comportamiento del punto de vista de la no comisión de delitos, sino que también del buen comportamiento del punto de vista de respetar las normas de convivencia del país”.

“Entonces estas normas no son normas que restringen la vida, no restringen la diversidad, sino que al revés son las normas que permiten la diversidad”, aseguró.

Con 142 votos a favor y sin ninguna abstención fue aprobada la votación en general del proyecto. Ahora la discusión pasa al Senado.

Tras finalizar su discusión en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, aseguró que el “conjunto de modificaciones son muy importantes, puesto que nos van a permitir como Estado tener una mejor gestión de nuestra frontera y poder garantizar los procesos de inclusión de manera más expedita”.

En detalle, entre las medidas presentadas por el gobierno y acogidas por la comisión, se destaca una norma que establece como causal de expulsión la violencia intrafamiliar y otros delitos graves, como el porte de armas, el homicidio calificado y la explotación sexual.

Además, se endurecen las penas por tráfico ilícito de migrantes y se incorporan sanciones a quienes promuevan ingresos clandestinos al país, así como el transporte desde la frontera hacia el interior del territorio.