Esbozando una sonrisa salió este martes del Centro de Justicia la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. Lo hizo en compañía de su esposo, Joaquín Lavín León, sorteando el asedio de la prensa que esperaba alguna declaración.

Minutos antes, tuvo que enfrentar nuevamente a la fiscal Metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien la volvió a formalizar por nuevos delitos: dos de malversación de caudales públicos y uno de negociación incompatible. Estos se sumaron al fraude al Fisco, apropiación indebida y falsificación de documentos públicos, que el Ministerio Público ya mantenía imputados. Varios de los cuales, en el pasado, sirvieron al Ministerio Público para argumentar la necesidad de cautelar y la privación preventiva de la otrora “chica Mekano”.

Pese a la imputación de nuevos hechos, donde además se suman nuevos montos presuntamente defraudados, en esta ocasión, Encina no solicitó que la exjefa comunal fuera ingresada nuevamente a la Cárcel de San Miguel.

“En este caso vamos a solicitar las medidas cautelares de arraigo nacional y la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. En este caso entendemos que son las mismas medidas cautelares que mantiene la imputada”, dijo la persecutora al terminar de relatar los presuntos delitos.

La solicitud de Encina fue planteada del mismo modo por el abogado querellante de Maipú, José Pedro Silva. “Los mismos términos que el Ministerio Público”. Ante este escenario, Barriga, quien el 9 de abril salió de la cárcel por una decisión de la Corte de Apelaciones, deberá volver a su domicilio, ubicado en la comuna de Peñaflor.

¿Por qué la Fiscalía ahora no pidió la prisión preventiva si en el pasado presentó varios recursos buscando la medida cautelar más gravosa para Barriga?

La explicación de la Fiscalía

Tras la audiencia, Encina explicó que mantendrían el criterio de la Corte de Apelaciones de Santiago, que hace unos días ordenó la libertad de la exmodelo. Esa vez, en fallo unánime, el tribunal de alzada argumentó: “Más allá de los presupuestos materiales de los ilícitos imputados, no se observa desde el punto de vista de la necesidad de cautela por qué la prisión preventiva es la única medida cautelar que asegura los fines del procedimiento”.

“La función cautelar no puede ser confundida con la fase de juzgamiento”, dijo también esa vez el tribunal.

Alineándose a esa idea, Encina señaló: “Sabemos que la corte se pronunció con la nueva integración hace pocos días, por lo tanto tuvieron en consideración esta nueva formalización que se iba a realizar el día de hoy. Nosotros en este momento estamos concentrados y enfocados en cerrar la investigación y poder proceder al juicio oral”.

En la misma línea, el querellante señaló que concentrarán sus energías en el juicio oral. “Nuestra postura es que Cathy Barriga debe volver a ingresar a un recinto penitenciario, pero como condenada. Por eso queremos prontamente ir a juicio oral y evitar especulaciones sobre el ir y venir del régimen cautelar”.

Los nuevos delitos imputados

Uno de los delitos de malversación de caudales públicos que imputó Encina dice relación con los supuestos servicios judiciales que contrató el municipio de Maipú con Legalcorp para que revisara una causa civil de Barriga y su marido. El otro, la presunta contratación de una mujer para que realizara servicios de niñera de su hijo. Todo eso, según la Fiscalía, con platas públicas que llegaron al valor de 250 UTM.

Por último, en cuanto a la negociación incompatible, la fiscal afirmó que Barriga utilizó el eslogan “Fuerza de Mujer”, que pertenecía al municipio, a modo personal, “engañando” al Concejo Municipal. Según dijo, la marca permanece a nombre de la exchica Mekano.

“Así, la imputada promocionó y financió con fondos públicos municipales que tenía bajo su administración una marca personal, de un proyecto particular que existía con anterioridad a su llegada al municipio, y que planeaba continuar con posterioridad, interesándose en definitiva en la contratación y asignación de recursos por al menos $ 125.328.425″, dijo la persecutora.

Por su lado, el abogado de Barriga, Cristóbal Bonacic, quien se mostró conforme con la audiencia, señaló: “El día de hoy, después de una mínima diligencia, el Ministerio Público se dio cuenta que ninguna de las cuidadoras que supuestamente eran financiadas con recursos públicos, lo había sido”.

Así las cosas, el tribunal decretó 30 días de investigación. Tras ello, se debería definir cuándo comienza el juicio contra la exalcaldesa de Maipú.