Cambios a leyes, reconversión laboral e “infraestructura hostil”: el plan del gobierno contra el comercio ilícito

El comercio ilícito es una de las principales problemáticas que aquejan al país actualmente y una de sus mayores exposiciones es precisamente el más conocido como “comercio ambulante”, que corresponde a vendedores de los más variados rubros que venden sin ningún tipo de autorización en la calle. Si bien zonas como Cal y Canto o Meiggs en la Región Metropolitana son algunos de los lugares más reconocidos y afectados, este tipo de negocios ha proliferado en todo Chile.

Por lo mismo, según fuentes de La Tercera, el gobierno lanzará -sin fecha determinada aún- su “Política Nacional Contra el Comercio Ilícito 2025-2030″. Se trata de un instrumento elaborado por el Ministerio del Interior en el que no sólo se plantea un diagnóstico de la situación, sino que también se detectaron falencias jurídicas y legales, y se proponen medidas a establecer para frenar las ventas no regulas.

Este medio pudo acceder al último borrador de la iniciativa impulsada por el gobierno, pudiendo conocer los planteamientos y medidas que se barajan para combatir este tipo de incivilidades.

El documento de 43 páginas expone inicialmente que con esta política nacional, “se busca fortalecer las estrategias y los mecanismos para abordar de forma integral el comercio ilícito y los delitos que se le asocian”. Para esto, se plantea cuatro ejes de acciones bajo los cuales se enlistas las medidas y que van desde “modernizar la normativa sobre el comercio ilícito” a “intervenir la cadena logística” de este.

Los primeros puntos del instrumento creado por el Ejecutivo dan cuenta de la situación presente del comercio ambulante en Chile. Citando autores, plantea que durante los últimos años, “en Chile, estas actividades irregulares e ilícitas han favorecido un mayor financiamiento de bandas criminales organizadas con un marcado componente territorial”.

Para plantear en cifras la situación, se consideró en el diagnóstico tres tipos de delitos con estadísticas desde 2018 al 2023. El primero de ellos son los casos de comercio ilegal, el que el 2021 registró 12.662 casos, mientras que en 2023 esa cifra ascendió a 14.727 casos. Los otros dos delitos asociados al comercio ambulante son los de receptación, que en las mismas fechas pasó de 7.661 a 11.988. Mientras que el ilícito en contra de la propiedad intelectual pasaron de 299 casos a 399 en igual periodo.

A nivel nacional, según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), las mayores tasas de comercio ilegal por cada 100 mil habitantes se encuentran en las regiones de O’Higgins (205), Coquimbo (169,5), Antofagasta (168), Arica y Parinacota (135,5), Biobío (135,2) y Los Lagos (114,7).

En la “Política Nacional Contra el Comercio Ilícito” del gobierno también se incluye como parte del diagnóstico un perfil de quienes son los comerciantes. En cuanto a los infractores de los delitos anteriores, según la SPD, el 64,2% son hombres, y respecto a la edad, el 54,4% del total tiene entre 30 y 49 años.

También se consideran encuestas elaboradas a estos comerciantes, las que dan cuenta de que el 79% de estas personas son jefes de hogar; el 90% se dedica al menos cinco días a este rubro y que -en promedio- ganan mensualmente $ 800.000 brutos.

“Entre las razones mencionadas para ejercer la actividad destacan las ganancias percibidas (22%), la imposibilidad de encontrar trabajo (11%), la flexibilidad (11%) y el gusto (7%), entre otras. Lo anterior implica que las razones positivas relacionadas al puesto de trabajo o la actividad corresponden al 54%, mientras que aquellas relacionadas con la necesidad o imposibilidad de ejercer otras actividades al 34%”, afirma el documento.

También se encuestó a las personas que compran en el comercio ilegal, pudiendo determinar que los productos más requeridos son las frutas y verduras (19%), ropa y textiles (12%), cigarrillos (10%), artesanía (7%) y artículos y accesorios electrónicos (7%), entre otros.

Según se plantea en el instrumento que aún no tiene fecha para ser publicado, son seis las normativas -de diferentes índole- que se ven vulneradas con el comercio ilegal.

Además de eso, el diagnóstico del gobierno para el que incluso realizó consultas ciudadanas a través de la SPD, concluyó que existen desafíos en el control fronterizo, falta de fiscalización, protección de los bienes incautados, que se requiere cooperación público-privada y que existe divergencia en los criterios de las municipalidades.

Seguido de todo el diagnóstico, el gobierno planteó la estructura y coordinación sobre la implementación de esta política. Para eso, creará tres instancias, que corresponden a un “consejo asesor”, “mesas técnicas” y “consejos regionales”. Todo, bajo lo que denominó “Sistema de Gobernanza” y que se implementará en la SPD y en las delegaciones presidenciales regionales.

En cuanto a las medidas, Interior planteó “principios rectores” que deben seguir las medidas: “Una coordinación interinstitucional, cooperación público-privada, pertinencia territorial, participación, probidad y transparencia, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, eficiencia y eficacia, y respeto al derecho internacional”.

Al comienzo de la Política Nacional Contra el Comercio Ilícito, el documento plantea los cuatro ejes para hacer frente a la situación. Al final del documento, se enumeran las “líneas de acción” de esos ejes.

El primero de ellos es sobre la modernización de la normativa, donde se plantean como medidas “establecer instrumentos de regulación común a las actividades relacionadas con el comercio”, “incorporar medidas de prevención del comercio ilícito en los instrumentos de regulación y planificación territorial”, “robustecer las facultades de las instituciones fiscalizadoras” y finalmente impulsar instrumentos jurídicos que permitan disponer de forma eficiente de los bienes incautados y decomisados”.

El segundo eje, sobre el abordaje de diferentes instituciones en la prevención y control de este comercio, plantea que se debe “promover que las instituciones establezcan objetivos comunes para prevenir y enfrentar las actividades comerciales ilegales y sus diversas manifestaciones”, “fortalecer la actuación coordinada de las instituciones facultadas” y “fomentar la colaboración público-privada”.

Sobre la prevención “integral del surgimiento del comercio ilícito”, que corresponde al tercer eje, se plantean como medidas: “Fortalecer la inclusión en el mercado formal, de personas que, por sus condiciones sociales o económicas, se encuentran en situaciones que pueden favorecer su involucramiento en actividades comerciales ilícitas”, “favorecer la reconversión laboral o formalización de las personas que ejercen actividades comerciales informales”.

Por último, en este eje también se plantea el “promover infraestructuras y diseños urbanos que reduzcan las condiciones que favorecen el ejercicio de actividades comerciales ilegales”, algo que se ha implementado, hasta ahora, en las comunas de Providencia y Estación Central, y que se conoce como la “infraestructura hostil”.

Finalmente, en el cuarto eje -sobre la intervención de la cadena logística- se propone “fortalecer las capacidades institucionales para detectar la producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de especies en el contexto del comercio ilícito” y “establecer herramientas de control y sanción que resulten efectivas”.

Uno de los parlamentarios que ha analizado el tema y ha planteado la compleja situación del comercio ilegal en la Región de Valparaíso, es el diputado Andrés Longton (RN), quien en medio de esta discusión se reunió con la Cámara de Comercio de la zona donde se abordó el panorama regional.

Conociendo de aquello, el diputado considera como muy relevante que exista esta política, porque se requiere de un plan estratégico para abordar la situación adecuadamente, pese a que a su juicio “muchas veces ha faltado voluntad de algunos municipios, particularmente vinculado a sesgos ideológicos, fomentando indirectamente la contravención de la ley”.

A su juicio, “el diagnóstico me parece que va efectivamente en la línea correcta considerando los cuatros ejes de manera de abordar el fenómeno integralmente, sin embargo, las medidas son insuficientes”. Lo anterior, porque a juicio de Longton “se debieron recoger con mayor claridad las propuestas que al efecto han hecho organizaciones como la Cámara Nacional de Comerio, especialmente en lo referente al fortalecimiento de las capacidades y atribuciones de Aduana y las reformulaciones de los tipos penales”.

Respecto a los tiempos, el diputado concluye que la política no va a tener ningún efecto “si sigue durmiendo en un cajón”.