Dos fiscales, una tarea: investigar al persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien fue denunciado por su subalterno, el fiscal de Alta Complejidad Sergio Moya, por presuntas irregularidades. El hecho derivó en que el jefe regional de Antofagasta, Alberto Ayala, y el de Magallanes, Eugenio Campos, fueran escogidos por la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, para realizar las indagatorias administrativas y penales, respectivamente.
Ayala en Rancagua
Mientras este viernes se desarrollaba la formalización del juez Emilio Elgueta en el Juzgado de Garantía de Rancagua, en el exterior de este recinto, que colinda con la fiscalía regional, apareció el fiscal Alberto Ayala.
El persecutor, quien asumió la arista administrativa el lunes pasado, llegó hasta O'Higgins con el objetivo de notificar a Emiliano Arias del sumario en su contra.
Sin embargo, Ayala desconocía que Arias se encontraba con permiso administrativa, o por lo menos así quedó de manifiesto luego que no lograra su objetivo. Por esta razón, solo permaneció unos breves minutos en las instalaciones de la fiscalía.
Campos con PDI
Una de las dudas que habían quedado en el ambiente tras la designación de Campos para llevar la arista penal, era con cuál policía trabajaría, dada la relación que tanto Arias como Moya tienen con Carabineros y la PDI.
En el ambiente judicial es conocido que Arias arrastra historias poco amistosas con la policía civil. Esta tensión tuvo su origen en 2012, cuando este fiscal estaba en Santiago y lideraba el
Ministerio Público de Pudahuel. En esas circunstancias llevó adelante una investigación contra un grupo de 10 detectives por apremios ilegítimos. En esta oportunidad, pidió al OS-9 de Carabineros realizar un allanamiento a la Bicrim de la zona.
En el caso de Moya, fuentes judiciales indican que es cercano a Carabineros. Los contactos comenzaron en La Araucanía, cuando este fiscal trabajó con un equipo de inteligencia de la policía uniformada diversos atentados en la región.
Finalmente, el equipo elegido por Campos para llevar adelante las pesquisas es la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI. Se trata de la unidad que está especializada en indagar casos de corrupción y que nació a fines de 2015, cuando estaban en su cénit los casos por ilícitos tributarios ligados al financiamiento de campañas políticas.
Fuentes ligadas a la causa indicaron que ya habrían evacuado un primer informe a Campos y se espera que en los próximos días se inicien las coordinaciones para abordar esta indagatoria.
