Para el 28 de marzo está previsto en el Tribunal de París la audiencia en que el Estado de Chile solicitará a su par francés la extradición del ex frentista Ricardo Palma Salamanca. Para el 28 de marzo está previsto en el Tribunal de París la audiencia en que el Estado de Chile solicitará a su par francés la extradición del ex frentista Ricardo Palma Salamanca.

Esta instancia se confirmó luego de que la Corte Suprema aprobara por unanimidad la solicitud de repatriación que realizó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, en contra del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien se escapara en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad mientras cumplía una cadena perpetua por el asesinato del senador Jaime Guzmán, y como coautor del secuestro de Cristián Edwards.

A partir de esta determinación, la Cancillería tiene hasta el 15 de marzo -30 días desde la detención de Palma Salamanca- para traducir y enviar a Francia los antecedentes del caso. En tanto, para el proceso judicial que se inicia, el Ministerio de RR.EE. decidió la contratación del abogado francés Vincent Courcelle-Labrousse, quien se ha desempeñado en diversas causas, entre las que destaca la representación del Estado francés en la acusación por lavado de dinero del ex presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega, finalmente condenado en abril de 2010.

Ante el historial de asilos que ha otorgado Francia en las últimas décadas a favor  de personas vinculadas con actos terroristas, el diputado de la UDI Issa Kort se mostró confiado en que esta vez se revertirá el dictamen. "Francia sabe lo que son los actos terroristas. Estoy seguro de que nunca estará dentro de las opciones del Estado francés defender o proteger a un terrorista", indicó.

El abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla.  dijo esperar que los ataques padecidos, "con todo lo dolorosos que son, tengan un efecto positivo e impulsen a que Francia cambie esta posición".

Para Alberto Espinoza, ex abogado de Palma Salamanca, la extradición "no tiene futuro en Francia", al considerar que la Corte Suprema no estableció "suficientemente" por qué la causa no está prescrita, pese a que han pasado más de 15 años desde los hechos.