El 28 de agosto, en Contulmo, provincia de Arauco, en la Región del Biobío, un grupo de encapuchados ingresó a cinco casas, encañonó a los propietarios que estaban en las residencias, los sacaron y quemaron los inmuebles. Solo 11 días después, ayer, en Cañete, seis desconocidos entraron a tres cabañas, intimidaron a los dueños de casa, los sacaron y quemaron el lugar.
Se trata de los dos últimos hechos de violencia en la Macrozona Sur -compuesta por las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos- que tienen más de una similitud y que hoy son investigadas por la PDI y la Fiscalía Regional del Biobío. Lo de ayer, sin embargo, dejó una agravante que supera lo vivido en las últimas jornadas: la muerte de un joven de 21 años, identificado como Moisés Orellana Pavez, tras recibir un impacto de bala.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que “nuevamente tenemos que lamentar con dolor que se cause la muerte de una persona producto de un conflicto en que no tenía ninguna participación”.
La autoridad advirtió, además, que en el ataque incendiario de las cabañas la policía encontró panfletos reivindicatorios de comuneros mapuches en prisión. El Ejecutivo se querelló por el robo con incendio y el homicidio del joven. Las pesquisas apuntaron ayer a aclarar si es que existía una vinculación entre ambos hechos. El gobierno así lo estima. En la querella presentada por este caso, indicaron que “se puede presumir” que los autores del atentado fueron quienes después dispararon a la víctima.
Más tarde, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que “se ha podido constatar, efectivamente, la muerte por un escopetazo de un joven de 21 años a manos de una de las personas que primero habría incendiado las cabañas”.
Pero ¿cómo ocurrieron los hechos? La Tercera accedió a las primeras constancias policiales, las que fueron remitidas a la Fiscalía Local de Cañete, originando el parte Nº 1455.
De acuerdo a los antecedentes policiales, fue a las 0.05 cuando entró el llamado al cuartel de Bomberos de Cañete, reportándose que en ese mismo minuto se estaba registrando un “ataque incendiario” en el sector del camping Túneles de Lloncao.
Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros llegó al lugar, donde observaron que “tres cabañas de material ligero”, de propiedad de las víctimas M.V.C., E.B.G. y M.R.T., habían sido atacadas. “En el lugar, alrededor de seis sujetos encapuchados, premunidos de armamento largo y corto, intimidan a las víctimas, quienes se encontraban habitando una de las cabañas, procediendo a la quema de tres inmuebles y posterior huida del lugar”, dice la constancia policial.
Los atacantes arrancaron en tres vehículos de propiedad de otras tres personas. Además, los sospechosos huyeron “dejando un rayado con la consigna ‘CONV.169 PPM’”. Es a esta consigna a la que se refería el subsecretario Galli, la que reclama la aplicación del Convenio 119 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para comuneros que están en prisión y que se autodenominan “presos políticos”.
También, las víctimas reportaron el robo de una escopeta marca Baikal, calibre .12, y un rifle de aire comprimido, calibre 5.5.
Homicidio
Pasaron 35 minutos desde que comenzó el incendio en las cabañas y el grupo de seis encapuchados se encontró con el auto estacionado en que estaba Moisés Orellana Pavez (21) y sus dos amigos, de iniciales M.F.U. (36) y N.R.A.U. (21). Eran las 0.40.
Según la constancia policial, “posterior a la huida, los antisociales, de acuerdo a versión de testigos, habrían efectuado un disparo de escopeta al vehículo P.P.U TB-9624, en el cual recibe impacto balístico múltiple en la cabeza Moisés Orellana Pavez, a quien personal COP prestó primeros auxilios. Conforme a lo anterior, fue trasladado por personal Samu al Hospital de Cañete”. El joven, seguidor de Colo-Colo (ver recuadro), murió a la 01.32 en el centro asistencial.
Hasta el momento no es clara la motivación de los encapuchados para haber disparado al joven de 21 años. Sin embargo, los policías creen que los pudieron haber confundido con personal de Carabineros.
Los otros dos acompañantes de la víctima quedaron con algunas lesiones menores, producto del impacto de las esquirlas del material del auto al momento de recibir el disparo.
Durante la madrugada, además, la policía dio con dos de los vehículos en que los encapuchados huyeron del lugar. Fueron encontrados incendiados, a siete kilómetros de donde ocurrieron los incidentes, en el puente colgante del río Paicaví.
Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, llamó a condenar la violencia en la zona y criticó la denominación que se les da a quienes son reivindicados como “presos políticos”.
“Esta violencia se ha acrecentado, porque tenemos a personas condenadas y detenidas. Muchos actos se justifican en apoyo a lo que esos grupos denominan presos políticos, aquí no hay presos políticos. Son personas condenadas por los tribunales y, por lo tanto, tenemos que actuar sin eufemismos en esta naturaleza”, dijo el titular de Interior.
Además, también apuntó al modus operandi de quienes perpetran este tipo de delitos: “Aquí hay grupos organizados. Este grupo venía de asaltar tres cabañas, de sacar familias de sus casas”.
El incremento de la violencia en la zona se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para las autoridades de la zona. El alcalde de Cañete, Jorge Radonich, aseguró que la violencia “recrudeció, ha llegado al límite, es difícil poder entender este tipo de hechos. No podemos permanecer tranquilos. He exigido al gobierno que nos devuelvan el estado de derecho, no puede ser que la gente que vive en el área rural tenga tanto temor de vivir en la zona”.
El edil manifestó la necesidad de aumentar el personal policial en la comuna, donde se han quemado seis casas en una semana.
Por su parte, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG Acoforag, recordó que en los últimos siete años, en la provincia de Arauco, han sufrido 99 ataques incendiarios a maquinaria y faena forestal.
“La provincia de Arauco es tierra de nadie y esto va a seguir ocurriendo, y es un problema del gobierno, que tiene las herramientas para tomar las decisiones para que vuelva la seguridad a la zona”, indicó.b