¿Capítulo final de la crisis?: tras decreto que dejó sin efecto su cierre, U. La República se presentará al proceso de acreditación

Dos años, cuatro meses y 20 días son los que han transcurrido entre el 9 de abril de 2021 y este lunes 25 de septiembre, mismo tiempo que se ha prolongado la crisis de la Universidad La República (Ulare), comunidad educativa que ha vivido juicios, amenazas de cierre y victorias administrativas.

El último capítulo sustantivo de este proceso se vivió en julio, cuando a la institución se le notificó, mediante un decreto exento del Ministerio de Educación, que se había dejado sin efecto la determinación de cierre del plantel, así como que se retrotraía la cancelación de su personalidad jurídica y la pérdida del reconocimiento oficial como universidad. Unos días después también les fue informado, con una resolución exenta de la Subsecretaría de Educación Superior, que se dejaba sin efecto el nombramiento de Jaime Torrealba como administrador de cierre.

Sin embargo, la Superintendencia de Educación Superior (SES) no ha bajado los brazos y el pasado 24 de abril decidió abrir una nueva investigación en contra de la institución en base a nuevos antecedentes financieros, patrimoniales, administrativos y académicos que, según dicen desde el ente fiscalizador, “podrían poner en riesgo su funcionamiento y la entrega del servicio educacional comprometido a sus estudiantes”.

Con todo, haciendo caso omiso a esa nueva investigación y aferrándose a las últimas resoluciones y decretos, la Ulare apuesta todas sus fichas y se apresta para someterse a un nuevo proceso de acreditación. De hecho, en la casa de estudios hoy están enfocados en trabajar en el informe de autoevaluación que culminará este viernes 29 de septiembre, con lo que se presentarán al mentado procedimiento, el cual, según el rector Fernando Lagos, ven “como una tremenda oportunidad, responsablemente, para mejorar aquellos procesos y procedimientos, y cumplir con los estándares de calidad que nos exige el país hoy día”.

“Nos alegran profundamente estas decisiones -decreto y resolución exenta- comunicadas por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón”, señaló en esa oportunidad a la comunidad el rector Lagos, quien agregó que ambos actos administrativos “no hacen más que ratificar el fallo de la Corte Suprema, pronunciado el año pasado, que declaró que el proceso de cierre que afectó a nuestra casa de estudios había sido espurio, ilegal, arbitrario y que había afectado el debido proceso”.

En efecto, desde esa subsecretaría reseñan que fue la Corte Suprema la que había ordenado retrotraer el procedimiento sancionatorio que estaba llevando la SES en contra de dicha institución. “En ese contexto, el ministerio había dictado un acto que revocaba el reconocimiento oficial y cancelaba la personalidad jurídica de Ulare. En atención a que la Corte Suprema falló a favor de la institución y que estos actos finalizaban un proceso sancionatorio que se había retrotraído, el Ministerio debía dejar sin efecto dichos actos dando cumplimiento al fallo”, explican.

“Creemos que se ha hecho justicia con los miles de titulados, egresados y con quienes actualmente se encuentran cursando en nuestras aulas. La Universidad La República no se ha cerrado, no está cerrada y no se va a cerrar”, sostuvo al respecto el rector.

Pero entre ese 9 de abril de 2021, día en que la SES solicitó la revocación del reconocimiento oficial de la Ulare, y las últimas resoluciones y decretos de julio, muchas cosas ocurrieron entremedio.

El 5 de mayo de 2021, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación (CNED) decidió por unanimidad acoger la petición de la SES, que también incluía la cancelación de la personalidad jurídica de la casa de estudios, por no cumplimiento de sus objetivos estatutarios y haber incurrido en infracciones graves a sus estatutos. A partir de ahí se desató una especie de teleserie, con polémicas y situaciones que supieron incluso de cambios de cerraduras, bloqueo de cuentas, movilizaciones, prohibición de matricular a alumnos nuevos y querellas cruzadas.

En abril de 2022 la Corte Suprema acogió en fallo unánime la solicitud de la Ulare y anuló su cierre porque, a juicio del máximo tribunal, el CNED quebrantó “de manera flagrante el debido proceso”, lo que no dejó sin efecto el procedimiento, sino que lo retrotrajo a una etapa anterior a la propuesta de cierre. Con ello, la SES ofició el 15 de septiembre del año pasado al entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por nuevos antecedentes “constitutivos de hechos que podrían configurar los causales de revocación del reconocimiento oficial” de la institución.

Entre los antecedentes aportados por el ente fiscalizador en esa última oportunidad estaban, por ejemplo, que los alumnos debían depositar dineros de mensualidades a un jefe de sede regional, además de dineros detectados en la cuenta personal del rector Lagos. También dieron cuenta de los 15 juicios civiles, 29 laborales, y 28 de cobranza laboral y previsionales iniciados en contra de la Ulare entre 2021 y 2022, o de la solicitud de quiebra en su contra en mayo de 2021.

Así, luego del fallo de la Suprema, la institución educativa entregó un nuevo plan de recuperación el 7 de julio de 2022, al que la SES le hizo observaciones y, al no ser resueltas en ese entonces (hubo observaciones parcialmente subsanadas), fue rechazado.

Esta última acción trajo un intercambio de opiniones entre Mineduc y la SES, porque según la lectura del ente fiscalizador el oficio al ministro Ávila fue provisto porque la ley establece que la decisión de revocar el reconocimiento oficial debe adoptarla la cartera en acuerdo con el CNED. Sin embargo, el Ministerio envió de vuelta a la SES el escrito, tildando el proceso de “fallido” y argumentando que era la superintendencia la que debía abrir un nuevo proceso de investigación para cumplir con el debido proceso al que ya había hecho referencia la Corte Suprema. Pero en el ente fiscalizador vieron esto como un error, porque dijeron que los antecedentes fueron entregados como resultado de acciones de fiscalización para que fuera el Mineduc el que desarrollara dicho proceso. Hacer lo que pedía el Ministerio, creían en ese entonces, era partir todo de cero.

“Este Ministerio estima que se hace necesario que cualquier inicio de investigación (por nuevos antecedentes) y eventuales sanciones requiere de una investigación previa, donde se resguarden derechos de las partes. Con ello, la Subsecretaría de Educación Superior busca generar certezas en el sistema universitario”, señalaron a La Tercera esa vez desde la cartera.

Más allá de los tira y afloja entre las instituciones, eso fue finalmente lo que decidió hacer la SES cuando, como ya se indicó, el 24 de abril de 2023 optó por abrir una nueva investigación en contra de la U. La República, lo que promete nuevos capítulos de una crisis que de momento parece no acabar.