El uso de desahucios al interior de Carabineros ha estado en la mira del fiscal Eugenio Campos casi desde el inicio de la investigación del fraude en la policía uniformada. Incluso, el Ministerio Público había pedido retener el pago de estos dineros al personal que salía de la institución, por estar vinculados a la millonaria malversación, que actualmente bordea los $ 28 mil millones.

Sin embargo, hoy el problema de los desahucios aparece como preocupación no solo de Campos, sino que del propio general director de Carabineros, Hermes Soto. Ello, pues existe una deuda de $ 22 mil millones para el pago de este beneficio, lo que motivó que activara las gestiones para obtener una inyección presupuestaria y así saldar lo adeudado.

El desahucio, según el Estatuto del Personal de Carabineros, es una entrega de fondos que se realiza cuando los funcionarios de la policía uniformada pasan a retiro, desde un fondo solidario que se descuenta a todos los funcionarios mensualmente.

El monto que adeuda Carabineros corresponde a los pagos que debían hacerse entre finales de 2017 y este año. Según fuentes de gobierno y de la misma institución uniformada, son cerca de 800 exuniformados los que no han recibido sus desahucios.

Fue esto lo que el general Soto le planteó a la Dirección de Presupuesto (Dipres), a través del Ministerio del Interior. En Carabineros señalaron que los dineros se están gestionando como "recursos extraordinarios".

Consultada la Subsecretaría del Interior, señalaron que "el subsecretario, al recibir el informe del general director de Carabineros respecto al desfinanciamiento del fondo de desahucio, solicitó inmediatamente los fondos a la Dirección de Presupuesto para que sean transferidos a Carabineros, con el fin de cumplir con el pago correspondiente al personal en retiro". Sin embargo, señalaron que "se puso en conocimiento del fiscal (Campos) los antecedentes entregados por la institución policial".

Y es la entrega de esos antecedentes lo que hoy la fiscalía está revisando. Según fuentes del caso, hasta ahora no existirían luces de presuntos hechos delictuales, sino que un aparente desorden administrativo. Sin embargo, ya ha desarrollado algunas diligencias, como por ejemplo la toma de declaración en calidad de testigo al director de Dipres, Rodrigo Cerda, quien además fue consultado por un supuesto "desorden" en el uso del presupuesto anual por parte de Carabineros.

Es este proceso lo que tendría estancado el pago de los desahucios, pues la fiscalía está "despejando" cualquier uso ilícito. El jefe de comunicaciones de Carabineros, mayor Diego Rojas, señaló que "hubo un aumento explosivo de retiros el año pasado, sobre 50%, y como esto es un fondo solidario, no alcanza a cubrir al mes la cantidad de personas que se está retirando y se fue haciendo un acumulado, el que ya está en una cifra bastante alta; pero el general director está trabajando en eso de manera coordinada con el gobierno. Además existe una investigación del Ministerio Público que está en curso".

Nueva unidad en Dipres

En Dipres, en tanto, iniciaron una revisión interna en cuanto a la relación que mantenían con Carabineros para la entrega de recursos. Y es aquí donde saltó otra situación que indaga la fiscalía: el uso de dinero en glosas diferentes a las estipuladas en el presupuesto anual.

Fuentes del caso señalaron que tampoco existiría nada ilícito en esto, sino que respondería a una forma de trabajar que entre Carabineros y Dipres se arrastraba desde hace varios años.

Por ahora, unas de las medidas que tomó esa repartición fue eliminar el saldo de caja de Carabineros que se ha mantenido por sobre los $ 60 mil millones en los últimos años, como también obligar a la policía uniformada a que detallara la lista de las personas que pasaban a retiro. Hasta hace algunos años esa glosa era secreta.

Los viáticos también serán revisados de manera más rigurosa. Deberán estar validados por el Ministerio del Interior, previa entrega del listado completo de los funcionarios destinados, el lugar y los costos. El uso de estos dineros también es indagado por la fiscalía.

La Dipres también decidió crear un nuevo sector presupuestario para Seguridad Pública, que dependerá directamente de la Subdirección de Presupuestos liderada por Mauricio Villena y cuyo objetivo será elaborar la Ley de Presupuesto de este sector, que incluye Carabineros, PDI, ANI y el Hospital de Carabineros.