Investigaciones y sumarios internos realizadas por Carabineros tras acusaciones que involucraban a personal de la institución en presuntos actos reñidos con la ley tras el estallido social del 18 de octubre, culminaron en 173 funcionarios sancionados y 14 expulsados de las filas policiales, incluyendo entre estos últimos a un carabinero por incumplir los protocolos en el caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión de sus dos ojos en el marco de las protestas.

Así lo informó el general subdirector de Carabineros, Diego Olate, al dar a conocer una actualización de los los procesos administrativos Internos con motivo de las denuncias de este tipo registradas desde octubre pasado hasta marzo del año en curso.

"Se abrieron 1.228 procesos administrativos, de los cuales 496 fueron sumarios, y 732 investigaciones. Estos procesos han significado hasta ahora que 173 carabineros de distintos grados y escalafones recibieran sanciones, 14 de ellos la separación del servicio y la baja de las filas de la institución", sostuvo el general Olate.

Asimismo, indicó que otros 82 funcionarios quedaron con medidas disciplinarias de arrestos y otros 78 con anotaciones en su hoja de vida.

Casos emblemáticos

El general Diego Olate se refirió a los casos investigados por la institución que han tenido más difusión mediática, como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego luego de recibir impactos de balines en sus dos ojos durante una protesta el 8 de noviembre en el marco del estallido social.

En esta investigación administrativa, "en el sumario, el fiscal que lo diligencia determinó iniciar el proceso de baja de un funcionario debido a un grave incumplimiento de los protocolos, detectado en la investigación interna. Esta consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en el mes de diciembre fueron previamene descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente".

El subdirector de Carabineros aclaró que "esta sanción corresponde a la responsabilidad administrativa del funcionario, la que es independiente de la investigación que se lleva adelante en el Ministerio Público".

Sobre el caso de Fabiola Campillai, quien el 28 de noviembre de 2019 también resultó con lesiones en ambos ojos, presuntamente por el accionar de Carabineros en la comuna de San Bernardo, indicó que aún no se establecen responsabilidades.

"Esta investigación administrativa sigue en desarrollo. Lamentablemente no se ha podido contar con la declaración de la víctima a pesar de haber sido solicitada a los organismos correspondientes", sostuvo el general Olate.

Por otra parte, indicó que otro caso fue "el de un estudiante universitario que denunció haber sufrido una violación. Pues bien, luego de que un informe forense descartara la existencia de este delito y a partir de las inconsistencias detectadas en su relato se desestimó su denuncia y que algún funcionario haya cometido una violación. Esto es compatible además con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que también descartó la existencia de ese delito".

Al respecto, recordó que el denunciante fue formalizado por robo al haber sido sorprendido de manera flagrante en un saqueo y por agresión a carabineros. "En la actualidad, tanto la investigación administrativa como la penal siguen su curso", destacó.

Sobre la acusación de que personal de Carabineros torturó a cuatro personas detenidos en un saqueo, "crucificándolos en una comisaría de Peñalolén, la investigación interna arrojó que esos detenidos fueron inmovilizados de una de sus manos a una antena de comunicación, dada la gran cantidad de detenidos que había en ese momento en la unidad, por lo que se descartó la veracidad de los hechos denunciados". El general Olate volvió a recordar que se trata de procesos paralelos a los llevados adelante por el Ministerio Público.

Sobre la golpiza recibida por un joven en la comuna de Puente Alto en enero de este año por parte de un grupo de funcionarios policiales,- la cual fue grabada en video y ampliamente difundida en redes sociales-, tras calificarla como "inaceptable", el subdirector de Carabineros indicó que "administrativamente se decidió la baja de ocho funcionarios por estos hechos, sin perjuicio de lo que se resuelva en la investigación penal".

Finalmente, sobre la existencia de un presunto centro de torturas en dependencias de Carabineros en la estación Baquedano del Metro, el subdirector de Carabineros sostuvo que “coincidentemente con una reciente resolución judicial, se sobreseyó definitivamente esta causa luego de comprobarse la falsedad de la denuncia y por ende la inexistencia de los hechos (...) La investigación interna tampoco detectó responsabilidades de funcionarios”.