Carabineros de Chile entregó durante esta jornada más antecedentes respecto a los cuestionamientos realizados por la Contraloría General de la República respecto a más de $23 mil millones al interior de la Dirección de Bienestar de Carabineros, sobre los cuales no existiría registro contable alguno.
Temprano, mediante un comunicado, indicaron que dicho monto estaba ya siendo investigado por el organismo fiscalizador, así como por el Ministerio Público.
Pero hoy, a medio día, el general Mario Rozas, director de la Dirección de Bienestar de Carabineros, enfrentó a los medios para responder a los cuestionamientos.
"Durante 2017, por un espacio de nueve meses, personal de la Contraloría General de la República se apersonó en la Dirección de Bienestar y efectuaron una revisión que comprendía inicialmente los años 2017 y 2016. Se entregó toda la información que estaba disponible en cuanto a documentos y otros antecedentes. No obstante a ello, los inspectores de esta entidad comenzaron a auditar otros años, llegando a 1991. Y efectivamente se encontraron algunas observaciones", comenzó explicando Rozas.
Consultado sobre los cuestionamientos realizados por el organismo contralor, el general director de la Dirección de Bienestar señaló que "se justificaron en los descargos que hizo la dirección de bienestar, presentando las escrituras, documentos bancarios, de pagos, que acreditan que esa cifra de dinero estaría justificada con las propiedades, que básicamente son conjuntos habitacionales y centros recreacionales".
Reiterando, al ser consultado específicamente por el destino de los 23 mil millones, sobre los cuales, según la Contraloría, no habría registro contable alguno, que "ese dinero está reflejado en complejos habitaciones y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus grupos familiares. Eso está acreditado con la presentación de escrituras, cartolas bancarias de pago, estados de avance y toda una documentación, planos incluso, que acredita que ahí está el dinero que se invirtió".
En tanto, respecto a la destrucción de documentación, que también fue una de las conclusiones a la que llegó personal de la Contraloría, el general señaló que eso se debió a una normativa interna, descartando que exista "dolo" en dicha acción.
"En algunos años no existe la documentación, ya que por normativa interna de la institución, de acuerdo a un reglamento de documentación, algunos antecedentes de 1991 o hasta el 2005, esa documentación fue incinerada de acuerdo a la normativa interna", sostuvo Rozas.
Concluyendo que "no hay existencia de dolo, porque nuestra institución como ente público está sujeto a una reglamentación y dentro de ella está una normativa que habla de la mantención, conservación, destrucción de la documentación. Y documentación antigua, de 1991 hasta 2005 e incluso la actual también está inserta dentro de este reglamento y si corresponde va siendo destruida".
