Hoy, la Fiscalía Regional de La Araucanía deberá justificar ante el Juzgado de Garantía de Temuco su decisión de no perseverar en la investigación de la Operación Huracán, caso donde se indaga la participación de ocho personas, entre ellas el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en distintos atentados incendiarios en la zona. La causa se inició luego de que Carabineros investigara a los sospechosos a través de un sistema de intervención telefónica, el que fue autorizado por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Fue el 20 de septiembre que el director de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, entregó, a través del informe N° 130, al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, antecedentes relativos a las conversaciones de WhatsApp y Telegram, entre diez sospechosos de cometer ataques incendiarios en la zona.

Son justamente estos diálogos los que actualmente está cuestionando el Ministerio Público, dado que, según la versión de la fiscalía, habrían sido manipuladas por Carabineros.

En el oficio que el general Blu le entregó al fiscal Paredes, donde daba cuenta de la investigación, adjuntó la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco para autorizar a la policía uniformada intervenir los teléfonos de los imputados y otras personas que no han sido formalizadas.

De acuerdo al oficio, fue el 9 de agosto que el tribunal de alzada autorizó la diligencia de Carabineros para intervenir las conversaciones de 33 teléfonos celulares.

Lo que vino después fueron las detenciones de ocho de los investigados. Tres meses después de los arrestos el Ministerio Público inició una indagatoria por un supuesto montaje, la cual será discutido hoy.

Además, fuentes del caso señalaron que en la carpeta investigativa del fiscal Paredes existen dos testimonios de dos policías del Laboratorio de Criminalística de Carabineros que pusieron en duda la posibilidad que los diálogos interceptados por mensajería instantánea se pudieran guardan en formato "txt".

Inhabilitación

En tanto, ayer la Defensoría Penal Mapuche presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de recusación contra de la juez de Garantía, Luz Mónica Arancibia, para impedir que la magistrada participe en la audiencia.

El defensor penal mapuche, Pablo Alday, indicó que "dicha jueza se encuentra inhabilitada para estar presente en la audiencia, dado que a nuestro juicio concurre una causal de inhabilidad, que dice relación con ella ya se ha pronunciado sobre el asunto".

Según los abogados defensores, este conocimiento previo del caso se basa en que la magistrada, en septiembre pasado, estuvo a favor de la prisión preventiva de los imputados en la audiencia de formalización.

Por su parte, la abogada de Rodrigo Huenchullan, Karina Riquelme, indicó que "en el caso de mi representado solicitaré el sobreseimiento definitivo, porque no existe el delito, respecto del cual se le está acusando. No existe ningún antecedente, que compruebe, el delito de asociación ilícita terrorista. De hecho, él aparece en cinco líneas en toda la investigación. Por eso, ante la eventualidad que pongan un juez que no esté inhabilitado debería aprobarse la solicitud de sobreseimiento definitivo".