“El empleo de la escopeta antidisturbios será preferentemente defensivo, sobre todo para aquellos casos en que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles, especialmente si ésas se efectúan con armas de fuego”. Esta es una de las disposiciones del nuevo protocolo de Carabineros para el uso de la escopeta antidisturbios, el cual fue publicado este viernes en el Diario Oficial.

Dicho documento detalla las circunstancias en las que se podrá hacer uso del armamento no letal por parte de la policía uniformada, luego de que en medio de las manifestaciones del último trimestre del año pasado, distintos organismos y hasta algunas cortes de Apelaciones cuestionaran su uso.

En la nueva disposición se indica que el uso de la escopeta antidisturbios “deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como agua, gases y otros resulten o puedan resultan insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de éstos no fuere posible para el caso específico”.

Además, se sostiene que el funcionario que utilice el arma “lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler (…) En particular, deberá, por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”. También se establece que el policía que use esta arma deberá portar una cámara y tener las certificaciones al día.

La utilización de este armamento para controlar el orden público durante las protestas del año pasado se convirtió en un foco de críticas para la policía uniformada. Especialmente, luego de que se conocieran casos de personas con lesiones oculares atribuibles a esta arma. En este sentido, la ONG Human Rights Watch concluyó en noviembre de 2019 que “las escopetas antidisturbios no tienen mira y, por ende, cada agente debe estimar la distancia de disparo en circunstancias que, por lo general, son estresantes y caóticas”.

Las causas emblemáticas por lesiones durante las protestas, donde la fiscalía indaga la responsabilidad de funcionarios de Carabineros, son los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

Finalmente, el nuevo protocolo señala que “en el evento que se tomare conocimiento de haber ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado dejando constancia de lo anterior en el parte policial respectivo o, en su caso, de las circunstancias que no hubieran posibilitado hacerlo, dar cuenta al Mando y adoptar el procedimiento policial correspondiente, incluyendo, si procediere, la detención del causante de las lesiones, haciendo la respectiva lectura de derechos”.

Reacciones

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que las modificaciones al protocolo del uso de la escopeta antidisturbios surgió como resultado de la mesa de trabajo para la modernización de las herramientas de Carabineros, en las que participó el Instituto de Derechos Humanos (INDH), entre otros organismos.

“Uno de los cambios más relevantes que tiene esta actualización del protocolo antidisturbios es que esta herramienta ya no es para el control de muchedumbres, para el control de manifestaciones, sino que es para la defensa del personal y de terceras personas frente a ataques que pueden ser muy riesgosos o incluso letales”, dijo Galli.

Agregó que “la utilización de la escopeta antidisturbios no es para las manifestaciones legítimas, no es para el control de muchedumbres, pero sí va a ser utilizada cuando se utiliza la violencia en contra de las fuerzas policiales o para proteger los derechos de las personas cuando son afectadas por hechos violentos”.

En tanto, desde el INDH no estaban al tanto de estas modificaciones, por lo que señalaron que están “estudiando el nuevo protocolo que fue publicado. El 28 de enero de 2020, el consejo envió sus comentarios al borrador que se trabajaba en ese momento. Lamentablemente, el INDH no tuvo la oportunidad de revisar el nuevo protocolo antes de que fuera publicado”.