Carabineros y la Defensoría Penal Pública firmaron hoy un convenio que busca coordinar el acceso a la representación de las personas que sean detenidas y que se encuentren en Comisarías.

Esto, según se informó, para que quienes se encuentren aprehendidas en cuarteles institucionales puedan tener acceso a un abogado de la Defensoría desde el primer momento de su detención. También para que el personal de Carabineros, que por un eventual procedimiento policial se encuentre vinculado en una causa penal, sea defendido por un profesional de este organismo.

Junto a ello, el convenio también crea espacios de capacitación mutua entre ambas instituciones.

La idea se comenzó a gestar en medio del estallido social, donde los profesionales de la Defensoría comenzaron a realizar un recorrido por las comisarías para revisar la situación de los detenidos en manifestaciones.

Sin embargo, tuvo una génesis anterior: luego de un trabajo que realizó la Defensoría con Euro Social, programa para la cohesión de América Latina de la Unión Europea. Allí se diagnosticó que era necesario conocer las condiciones de las personas detenidas, antes de que pasen un control de detención, y también de los arrestados que no llegan a la instancia procesal de la formalización.

El plan ya se está aplicando en comunas de la zona sur de la Región Metropolitana. También en las regiones de Antofagasta, Maule y Los Ríos.

El defensor nacional (s), Marco Montero Cid valoró el acuerdo y dijo que “es un motivo de tremendo orgullo esta acá y de ser parte de este momento que lo considero un hito histórico en la historia institucional de la Defensoría de la República”.

A su vez, explicó los alcances del convenio. “Nos estamos comprometiendo a apoyarlos a ustedes (Carabineros) en el proceso de formación y capacitación para sus funcionarios en las distintas áreas que ustedes consideren pertinentes. Estamos también comprometiéndonos para que en cumplimiento del mandato constitucional y legal les aseguremos la prestación defensa penal pública a todos aquellos carabineros que por alguna circunstancia tengan que enfrentar la justicia penal como imputados”.

“También nos abre la posibilidad en nuestra labor de respecto, protección y defensa de los derechos humanos, en el contexto de un proceso penal, de poder hacernos cargo de una brecha que es existente el día de hoy y que estamos avanzando de manera significativa, como una nueva línea estratégica institucional, que busca brindar asesoría o asistencia jurídica desde el primer momento de la detención, a través de un proyecto institucional que se denomina Defensa en unidades policiales o comisarías”, agregó.

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señaló que “para nosotros ha sido una preocupación y una ocupación permanente el tratar de ser lo más transparente posible e informar oportunamente respecto de las situaciones que ocurren en el contexto de nuestros procedimientos policiales. Sin lugar a dudas que esto va a generar mayor transparencia, una entrega más oportuna a las personas que intervienen en los procedimientos. Esto no viene a beneficiar solo a uno, sino al sistema en su conjunto y a toda la comunidad”.