“Cárcel para personas en campamentos”: Tohá y Elizalde lanzan severa advertencia a la derecha si ley de usurpaciones no es corregida

“Por favor consulte el texto, sí pueh...”, respondió con aplomo la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ante los emplazamientos de senadores de oposición surgidos en la Comisión de Seguridad, que ayer se reunió para analizar las observaciones (vetos) presentadas por el Presidente Gabriel Boric a la ley de usurpaciones.

En los instantes previos, los legisladores de Chile Vamos y del Partido Republicano le habían hecho entrega de una carta a la secretaria de Estado en la que expresaban su “profunda molestia e indignación por sus declaraciones”, en las que -a juicio de ellos- la ministra inducía “noticia falsas” sobre la ley de usurpaciones. “Usted asegura ‘que la derecha piensa que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel’. Esto es falso”, decían en la misiva los senadores opositores, quienes le pedían, además, retirar sus dichos.

Sin embargo, lejos de retractarse, Tohá explicó que la norma transitoria, que se aprobó en el Congreso y que establece ciertas excepciones para no implementar medidas represivas a campamentos catastrados, sólo se aplicaba para las detenciones (acciones de orden temporal) y para los desalojos. “Nada más”, insistió Tohá, quien precisó que ese artículo no anula eventuales juicios ni posibles condenas que decida un juez.

Por ello, la ministra le devolvió el emplazamiento a la oposición para que aprueben el veto presidencial (que en realidad está fraccionado en 14 vetos) y así corregir que las penas no partan con presidio, sino con multas para aquellas tomas en las que no hubo violencia contra personas.

“Si no cambiamos las penas, todas las personas que están en campamentos se les puede aplicar cárcel, miremos el texto, esto no es opinología”, retrucó Tohá, quien añadió que “nos parece realmente grave la forma en que salió este texto. Estar amenazados de ir a la cárcel cientos de miles de familias... es grave”.

Las explicaciones de la jefa de Interior sólo enardecieron más el ambiente. Incluso, en un momento, el senador José Miguel Insulza (PS) le exigió al presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Felipe Kast (Evópoli), que no interrumpiera a la secretaria de Estado. En respuesta, Kast le recetó sarcásticamente al socialista que se tomara “un armonyl”.

La tesis del gobierno es que las disposiciones transitorias -respaldadas desde el PC al Partido Republicano, que buscaban eximir a los campamentos históricos, que estuvieran en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda, vigente hasta inicios de 2024- sólo tienen un efecto policial.

De hecho, la norma sólo levanta la detención regulada en el artículo 134 del Código Procesal Penal, que jurídicamente es una acción distinta a una pena de cárcel surgida de un fallo judicial. También se suspendía la restitución anticipada de un inmueble tomado, a la espera de que finalice un juicio, según el artículo 189 del mismo Código Procesal Penal. Es decir, ambas medidas se referían exclusivamente a una etapa previa a una sentencia, pero no limitaban la decisión que posteriormente pudiera adoptar un juez.

“Imagínense a lo que nos enfrentaríamos, qué le respondemos a esas familias que le han escrito a los propios senadores, efectivamente con la ley -si no la cambiamos- cualquiera puede pedir cárcel para ellos”, señaló Tohá.

La primera respuesta de los senadores de derecha fue de incredulidad.

El senador Kast dijo que no compartía esa interpretación. “Cuando tramitamos este proyecto, le dijimos al gobierno que no nos interesa que la gente que está en campamentos se vaya presa. La indicación (que eximía a los campamentos) la redactaron ellos. Le preguntaría a la ministra, si esa era su preocupación, por qué no ingresaron un veto”, sostuvo al término de la sesión.

No obstante, horas después, comenzó a cambiar la sensación y los argumentos del gobierno convencieron a algunos legisladores opositores.

La postura de Tohá fue refrendada en la tarde por el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS). “Si no se aprueba el veto, se puede aplicar la pena de presidio a todos los campamentos”, dijo el ministro, quien el martes en un punto de prensa ya había deslizado que la norma transitoria tenía un efecto acotado.

En el Ejecutivo explicaron que los habitantes de campamentos históricos siempre han estado sujetos al riesgo de una pena de multa, establecida en el Código Penal desde el siglo XIX, sin embargo, dado el carácter de falta, rara vez los tribunales han aplicado ese castigo cuando hay problemáticas sociales detrás.

Al subir las penas en el proyecto que despachó el Congreso, el 30 de agosto pasado, los jueces tendrán una mayor presión para castigar un delito.

Por ello, el veto del gobierno propone que al menos en las tomas no violentas, la sanción no parta inmediatamente con cárcel, sino que el magistrado pueda resolver con criterio si procede una multa o el presidio. Ello permitiría, sostienen en La Moneda, una transición menos brusca respecto de lo que dice hoy el Código Penal.

El veto del gobierno, a diferencia, propone tres categorías. Para ocupaciones con violencia en personas, penas de hasta 5 años de cárcel. Para tomas con daños en objetos, hasta 3 años. Mientras que para aquellas usurpaciones sin la violencia de los casos anteriores, la mencionada una multa o el presidio de hasta 540 días.

La advertencia de los ministros, sin embargo, provocó un remezón político.

En la oposición y en el mismo oficialismo recriminaban que este riesgo de judicializar la situación de campamentos no había sido advertida en el trámite legislativo. De hecho, el ánimo que siempre imperó en la discusión fue que la norma debiera tener un criterio distinto para ocupaciones que incluso llevan años de existencia. Esa voluntad se manifestó en una solicitud que hicieron senadores de la oposición y del oficialismo al propio gobierno para que planteara una indicación que hiciera esta salvedad. En la Cámara, además, se propuso que el listado de campamentos -que estarían liberados de las detenciones y los desalojos anticipados- se actualizara hasta inicios de 2024.

Algunos legisladores sospechaban que La Moneda sólo detectó este “detalle” recientemente. El problema es que las consecuencias políticas aún no decantan.