El 11 de mayo pasado, Roberto Rojas Tamarín, de 35 años, fue detenido en Angol, Región de La Araucanía, por robo con intimidación y abuso sexual. La particularidad de su caso es que había salido de prisión solo semanas antes, el 18 de abril.
Rojas Tamarín formaba parte del grupo de 139 hombres y siete mujeres que recibieron el indulto conmutativo, el pasado 16 de abril, dejaron la cárcel y empezaron a cumplir su pena en sus hogares. Sin embargo, cuatro meses y medio después, todos ellos fueron obligados a regresar a prisión, la mayoría por delitos.
La conmutación de su pena por arresto domiciliario total se les otorgó en el marco de la ley que promovió el gobierno para liberar espacio en los recintos penales, como una forma de mitigar la propagación del Covid-19. El indulto lo recibieron, en total, 1.720 internos.
La medida fue aplicada para los reclusos de baja peligrosidad y de la población de riesgo, como mujeres embarazadas, hombres mayores de 60 años y madres de niños menores de dos.
Según informó Gendarmería, a través de una solicitud por Ley de Transparencia, hasta el 2 de septiembre se registraron 146 indultados que “han reingresado a un sistema penal cerrado”. Es decir, el 8,5% del total de los beneficiados. Pese a que no se especifica la razón del reingreso, la entidad penitenciaria detalló a La Tercera que 109 (el 6,3%) de esas personas cometieron nuevos ilícitos y a 37 se les revocó el beneficio por cometer un nuevo ilícito o por incumplir las condiciones, como haber evadido el control penitenciario. Esa última cifra aún se encuentra en análisis de Gendarmería.
Ese 6,3% de reincidencia ya comprobada durante estos cuatro meses es bastante menor al que registra la entidad penitenciaria en relación, por ejemplo, a las personas a las que se les otorgó la libertad condicional en 2016, entre quienes estaba Hugo Bustamante, imputado por el caso Ámbar. Hasta el 31 de agosto de 2020, de los 788 condenados a los que se les dio el beneficio de libertad condicional hace cuatro años, un 21,7% reincidió.
A mediados de agosto pasado, y justamente producto del caso de Ámbar, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, expuso en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados el contexto en el que se otorgan las libertades condicionales. Y allí entregó cifras relacionadas con la reincidencia. Sostuvo que quienes cumplen su condena completa por primera vez y salen en libertad registran un 58% de reincidencia; los que obtienen un beneficio por conducta, un 37%, y quienes salían en libertad condicional reinciden en un 23%.
Proceso y objetivo
Según el defensor nacional, Andrés Mahnke, la cantidad de indultados que ha cometido delitos es baja. “En circunstancias que la tasa de reincidencia del sistema penitenciario, de acuerdo a Gendarmería, es muy superior al 20%, la de este indulto conmutativo es una cifra que está muy por debajo de bajo de la media, y que permite concluir que desde el punto de vista del propósito de política pública integral, ha cumplido su objetivo y ha sido exitoso”.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, señaló que “ahora es esperable que esa reincidencia aumente, pues el primer año de la liberación es gravitante en la reincidencia. En ese sentido, si bien el indulto conmutativo resulta una medida atendible, dada la situación de emergencia sanitaria, es importante que en el futuro ese tipo de medidas de egreso al exterior se haga de manera acompañada y con mayor control”.
De acuerdo a las cifras, Coquimbo es la región con mayor porcentaje de reingresos a los penales, con el 13,6%. Le siguen Biobío (11,3%) y Antogafasta (11%). En cambio, las regiones de Magallanes y Aysén no registran ningún caso de indultados que hayan sido puestos tras las rejas nuevamente.
Según el comandante Jorge Martin, jefe del Área de Procedimientos de Gendarmería, los principales ilícitos cometidos en estos casos han sido los robos, infracciones a la ley de drogas y otros delitos contra la propiedad.
El capellán nacional de Gendarmería, el sacerdote jesuita Luis Roblero, dijo que “hay formas alternativas de pagar legítimamente el delito, pero hay ilícitos espantosos, como el de la niñita Ámbar (Cornejo); evidentemente que esas personas solo pueden ir a la cárcel”.
Para Roblero, la medida tomada por el Ministerio de Justicia fue “exitosa, en el sentido de que se trabajó para que la pandemia no golpeara tan brutalmente a las cárceles; se deshacinaron espacios y la tasa de mortalidad que tenemos es baja”.
En relación a los 146 casos que volvieron a delinquir, el sacerdote señaló que “ciertamente, lo lamento por las personas que fueron víctimas de esos delitos. Pero comparativamente son pocos. Ellos provienen de un ambiente que está siempre vinculado a la violencia delictual y a ese tipo de situaciones, entonces no es extraño que algunos de ellos vuelvan al mundo al cual pertenecen”.
