Cárceles públicas: gasto promedio mensual por interno disminuyó a $ 983 mil en 2022 y Gendarmería lo atribuye a mayor población penal

Durante el año 2022 la población penal -en promedio- fue de 43.214 personas en el país, las cuales en diferentes instancias judiciales estuvieron en el sistema penitenciario. De acuerdo a cifras de Gendarmería, poco más de 26 mil de ellas estuvieron en cárceles administradas por el Estado, lo que generó un gasto de casi $ 1 millón mensual para la institución por cada interno que estuvo preso en los recintos de reclusión tradicionales. Sin embargo, este costo per cápita disminuyó respecto del año anterior, debido al incremento en la población penal.

Así se desprende del informe “Gasto Promedio Mensual por Interno”, enviado recientemente por Gendarmería a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. El reporte, tal como ocurre todos los años, también fue derivado a la misma instancia del Senado, para dar cuenta del gasto presupuestario de la institución penitenciaria, tanto de cárceles administradas por el Estado, como de aquellas concesionadas.

En el detalle, Gendarmería reportó que en el sistema de cárceles públicas durante 2022 se contó con un presupuesto de $ 309 mil millones, el cual dividido por las 26.225 personas que estuvieron en este tipo de centros penitenciarios arroja un gasto promedio mensual de $ 983.424 por cada recluso. La cifra es superior a los $ 922.376 del gasto por interno mensual de las cinco cárceles concesionadas que existen en el país.

Eso sí, el presupuesto de estas últimas, administradas por privados y resguardadas por Gendarmería, está compuesto por dos tipos de recursos. El primero es el gasto mensual en el que incurre Gendarmería, el cual el año pasado fue de $ 485.335 por recluso. A ese monto se le debe sumar el “subsidio del programa de concesiones de infraestructura penitenciaria”, ejecutado directamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual fue de $ 437.041 mensuales, en promedio, por cada interno. Sumados ambos se llega al costo total de $ 922 mil para las cárceles concesionadas a privados.

Pero los gastos efectuados por Gendarmería en el sistema de reclusión también tienen variaciones según el tipo de sistema penitenciario. Y es que si en el subsistema cerrado -privación absoluta de libertad- el gasto fue de $ 983 mil por cada preso, en aquellas cárceles semiabiertas -centros de educación y trabajo- este gasto es mayor y asciende a $1.963.034 por cada interno.

Por el contrario, las cifras más bajas están en el subsistema de los Centros de Reinserción Social (CRS), donde llegan a $ 174.940, mientras donde menos costos tuvo la institución fue en el sistema pospenitenciario, es decir, en aquellos centros de apoyo de integración social, donde por cada interno se gastó $ 163.335 al mes.

Con todo, el gasto total por cada recluso del sistema cerrado en cárceles tradicionales en el que incurrió Gendarmería en 2022 fue de $ 11.801.086, a su vez que en las cárceles concesionadas fue de $ 5.824.024. Esto último, sin considerar el subsidio entregado por Justicia en las prisiones administradas por privados. En el caso de los sistemas semiabiertos, el costo anual fue de $ 23.556.411 por cada interno, mientras que ascendió a $ 2.099.281 en el sistema abierto y a $ 1.960.015 en el pospenitenciario.

¿Cómo se llega a este cálculo? Consultados al respecto, desde Gendarmería señalaron a La Tercera que “es importante explicar que dicho monto no necesariamente está asociado a la mantención directa de la población penal, sino que es la suma de gastos de todo lo que permite el normal funcionamiento de cada recinto que alberga a personas privadas de libertad”.

Por lo mismo, y según el propio informe enviado a la Cámara, el cálculo de los recursos considera aquellos “gastos directos” e “indirectos”. Los primeros, que corresponden al 78%, son aquellos que se ejecutan en cada recinto penal y que incluyen los servicios básicos, alimentación, servicios de salud y los gastos propios de mantención del establecimiento. Pero a estos también se suman los gastos en personal, en el vestuario de los funcionarios, elementos de seguridad, equipamiento de los gendarmes, así como también capacitación, e incluso el combustible de los vehículos institucionales.

Mientras que los gastos indirectos, que corresponde al otro 22%, indican desde la institución, están asociados “a los recursos que implica, por un parte, mantener a disposición a los grupos especiales de seguridad penitenciaria, como los grupos antimotines, de traslado, de adiestramiento canino, secciones que se reparten a lo largo del país y que implican gastos vinculados al resguardo de la población penal. A esto se debe sumar el soporte administrativo, es decir, los recursos provenientes de direcciones regionales, y desde el nivel central, junto con los gastos que conlleva la participación de la escuela institucional, al apoyar muchas veces el trabajo intrapenitenciario”. La suma de ambos gastos es la que da el costo final de mantención de cada interno.

De acuerdo a las cifras del reporte, el gasto promedio mensual per cápita por interno de las cárceles tradicionales disminuyó 3,23% el año pasado versus 2021, cuando fue de $ 1.016.245, mientras que en las cárceles concesionadas el costo de Gendarmería descendió 2,48%: de $ 497.691, pasó a $ 485.335. Según explica el informe, una de las razones en la disminución del gasto promedio es la mayor población penal, la cual pasó de 39.676 personas en 2021, a 43.214 el año pasado. Como subieron los internos, los recursos asociados a la mantención de cada uno bajó, pese a que el presupuesto de la institución subió 6,19% en 2022.

Para Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que supervisa las condiciones carcelarias, “desde 2013 a la fecha y en una situación que la pandemia sólo agudizó, se observan condiciones deficitarias en las cárceles. En el ámbito estructural, incluso en los recintos concesionados, pero también en el régimen interno y la vida al interior de las prisiones”.

Según explica, a raíz de estas deficiencias la institución ha interpuesto al menos en tres regiones recursos de protección ante la justicia, debido a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, citando sólo como un ejemplo que una mujer tuvo un parto en los pasillos de la Cárcel de San Miguel a finales del año pasado: “Tenemos información de una situación muy crítica en las secciones materno-infantiles”, sostiene, agregando que “se requiere ver con detención los números, tomando en cuenta que lo esencial es la observación de las Reglas de Mandela”.