El Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, en Ñuñoa, se encuentra en completo silencio. Casi como una medida de luto. Y es que desde el pasado 18 de abril la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) se encuentra en una toma indefinida como respuesta a la permanencia en la casa de estudios del académico Carlos Ruiz Encina, ideólogo del Frente Amplio (FA) y mentor del presidente Gabriel Boric, procesado en 2023 por golpear a su pareja. La Fiscalía lo imputó por lesiones menos graves en un contexto de violencia intrafamiliar.

Ruiz, sociólogo y fundador de la organización política Nodo XXI, fue suspendido de sus funciones académicas tras ser formalizado. Sin embargo, en febrero de 2025 la Universidad de Chile informó que retomaría sus labores docentes. Esto generó el rechazo de la comunidad estudiantil y también representantes del mundo feminista, lo que presionó a la casa de estudios a frenar su reincorporación a la docencia, pero no su desvinculación.

Ahora, a más de un mes de que se inicio el año académico, universitarios iniciaron una movilización por su permanencia, sumado a otros 55 puntos más donde se exigen mejoras de infraestructura, nuevas becas de alimentación y seguridad, entre otros.

El primer punto del petitorio, denominado “Violencia institucional y censura”, demanda la “expulsión y sumario administrativo para Carlos Ruiz por conductas violentas. Reformulación de protocolos ante violencia de género; más transparencia, protección a víctimas y participación comunitaria. No más censura a expresiones y manifestaciones (respetar acuerdos sobre murales, lienzos y propaganda). Capacitaciones sobre la Ley Karin para cuerpos directivos”.

“¡Hola Teresita! La decana póngase a trabajar y hablamos”, es uno de los lienzos que cuelgan desde la entrada a la facultad. Esto, mientras sus salas permanecen con las puertas cerradas, mientras que al interior los estudiantes junto a docentes realizan asambleas pedagógicas, proyecciones de cine e incluso talleres deportivos como taekwondo.

“Nos vimos en la necesidad de tomarnos la facultad porque sentimos que es una forma de emitir presión de manera inicial y que realmente se nos conteste”, expresa a La Tercera Fabián Olivares, vocero del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

La permanencia de Ruiz detonó protestas y declaraciones públicas de rechazo, no solo por parte de estudiantes, sino también de funcionarios y académicas feministas vinculados a la universidad. Diversos colectivos señalaron que su retorno implicaba una revictimización para la comunidad y una vulneración a los principios institucionales sobre violencia de género.

Ante la presión pública -y a solo un día de haberse iniciado la jornada universitaria el 3 de marzo- la Universidad de Chile, mediante un comunicado emitido por la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología, informaron que aplicarán esta sanción por todo el año académico 2025.

En la declaración de la casa estudiantil constataron que tras conocerse la denuncia de la expareja de Carlos Ruiz, ingresada en julio de 2023, procedieron a suspender la docencia del académico por un periodo de tres semestres. Además, prohibieron su presencia en la universidad. Esto lo implementaron en la medida en que se desarrollaba el proceso judicial.

En el entorno de Ruiz aseguran que en diciembre la universidad le había informado que podía retomar las clases el 3 de marzo de 2025. Un día después, la decisión de la casa de estudios fue otra.

La Tercera se contactó con el académico, pero declinó ahondar en su situación profesional al interior de la casa de estudios. “A mí no me han dado ninguna razón de nada. Prefiero que esto (la toma) termine para poder hablar. Quiero explicar esto y poderlo exponer con documentos. Me comprometí a no intervenir por prensa al calor de este conflicto y dejar que lo resuelvan los espacios que corresponden”, explica.

El petitorio de los estudiantes en toma incluye demandas sobre la reformulación de los protocolos institucionales ante casos de violencia de género, mayor transparencia en los procedimientos internos, y una protección efectiva para las víctimas.

También piden el respeto a las expresiones estudiantiles dentro del campus y capacitaciones obligatorias sobre la Ley Karin para los cuerpos directivos y académicos. En cuanto a la calidad de vida estudiantil, se exige una urgente mejora en la infraestructura de la facultad, condiciones de accesibilidad, el aumento de becas de alimentación y mayores recursos para su presupuesto, así como un fortalecimiento de la seguridad en el campus y la ampliación de los espacios de participación en las decisiones académicas.