La exministra de Salud Carmen Castillo valoró que la Contraloría declarara ilegal el protocolo de objeción de conciencia que elaboró la actual administración y defendió el documento original que, relata, demandó meses de trabajo.
¿Cómo recibe el dictamen?
Con alegría y tranquilidad, porque en este tiempo nos preguntábamos ¿cómo, si pusimos tanto tiempo y trabajo haciendo este protocolo, va a estar mal hecho? Ahora, Contraloría nos da la razón. Nosotros defendimos el documento original, porque un centro privado con un convenio DFL 36 pasa a cumplir labores que corresponden a los servicios de salud, a actuar como representante y, por ende, no puede ser objetor de conciencia. No puede excluirse de esas prestaciones.
¿Por qué cree que el gobierno modificó el protocolo?
Eso fue causal de la interpelación al ministro Santelices y él dio sus explicaciones. Al parecer, creyó que podía ser más correcto, pero finalmente los cambios que hizo el gobierno fueron apresurados y confusos. Para nosotros fue preocupante, porque nos demoramos varios meses, analizando con niveles técnicos y legales, para darle solidez. En cambio, el último protocolo se hizo en un par de semanas o días.
El ministro Santelices dijo que el protocolo original ponía en riesgo la atención de miles de mujeres.
Las cifras que presentó el ministro se prestan para confusión. Las atenciones de urgencia, la compra de camas, atenciones a prematuros y muchas otras prestaciones que se requieren a privados se hacen por otra vía, no por el DFL 36. El protocolo que hicimos no impide que se hagan esas atenciones, no se iba a dar jamás una situación tan compleja como se planteó en esa versión.
