Este jueves, en la ceremonia que promulgó la ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, el Presidente Sebastián Piñera entregó a la futura subsecretaria Carol Bown (39) un cronómetro como símbolo de la urgencia que le pretende dar el gobierno a la temática de infancia. "Se debe hacer las cosas lo más rápido posible, pero haciendo las cosas bien", enfatiza quien se desempeñara como subsecretaria de Carabineros durante el primer mandato de Piñera y fuera parte del equipo programático de Infancia que elaboró esta propuesta durante la última campaña presidencial.

Hoy solo basta la toma de razón de la Contraloría y la correspondiente publicación de la normativa en el Diario Oficial para que la nueva cartera, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, inicie formalmente su trabajo. Aunque la abogada asume que este se inició el mismo día en que comenzó el actual gobierno. Desde su oficina en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, en Santiago Centro, Bown conversó con La Tercera sobre las labores que tiene por delante con objeto de cambiar el sistema de infancia en Chile, un tema que valora se encuentre entre las prioridades del Estado, pese a que ello surgiera de un hecho trágico.

"Es muy dramático lo que voy a decir, pero la muerte de Lissette Villa ayudó, porque se puso el tema sobre la mesa, fue prioritario para todo el mundo", dice.

¿Por qué las vulneraciones y las muertes en el Sename se visibilizaron solo tras la muerte de Lissette Villa?

Antes, a los niños no se les escuchaba. Había un autoritarismo mal entendido por parte de quienes tenían su cuidado. Hoy existe mayor conciencia de que todas las personas somos sujetos de derecho, y los niños también. Los niños muy vulnerables no tenían a quién recurrir. ¿Cree que la legislación que se ha propuesto acabará las vulneraciones a los menores?

Las leyes son importantes, ayudan a sentar las bases de un sistema de protección, así como la creación de esta subsecretaría ayuda a prevenir, a generar políticas para que los niños no lleguen al Sename, pero la institucionalidad y las leyes en sí mismas no les cambian la vida a los niños.

Entonces, ¿qué le puede cambiar la vida a los niños del Sename?

A corto y mediano plazo es urgente que se trabaje con los niños; evidentemente que no sufran, pero que se trabaje con sus familias para que puedan volver a ellas o a una familia de acogida, e incluso una adoptiva. Por otra parte, hoy los programas del Sename se diseñan en base a intuición. No hay datos de efectividad sobre la realidad. Hoy todo es parche. Muchas veces se diseña mal y el niño que tiene una problemática se tiene que adaptar a la oferta, en vez que los programas se adapten a las necesidades de los niños. Debe haber tal flexibilidad que cada niño tenga un tratamiento propio. Y en el largo plazo, la prevención. El objetivo de esta subsecretaría es que los niños no lleguen al Sename.

Hay distintas leyes referidas a infancia en trámite legislativo, ¿qué cambios pretende impulsar el gobierno en ellas?

En el proyecto que crea el Servicio de Reinserción Social hay bastante acuerdo de que es un buen proyecto y que avanzará rápido. En aquel de protección especializada, la sociedad civil acuerda que es un proyecto al que le falta. Queremos trabajar en lo que se ha construido hasta ahora, pero hacerle cambios. Por ejemplo, flexibilizar los sistemas de subvención, el sistema de financiamiento, focalizarse más en las familias y que los directores regionales tengan alguna facultad de flexibilizar programas. Sobre la ley de adopción, hay consenso de que es un proyecto que se ha trabajado hace mucho tiempo y que debe avanzar lo antes posible. Con respecto al aumento de subvención, todos coinciden en que a los organismos colaboradores hoy se les exigen cumplimientos estándares para los que la plata no alcanza. Hay que aumentarles el dinero para poder exigir resultados, sin perjuicio de que se les debe pedir mayor transparencia y efectividad en el uso de los recursos.

¿Qué ocurrirá con la Ley de Garantías de la Infancia?

Hay bastante consenso en que es un buen proyecto. Establece un catálogo de derechos, pero le falta la parte de la protección administrativa. Hoy está todo en manos de los tribunales y quizás hay una parte en que el Estado pueda tener algo que decir antes. Esa parte no está en el proyecto. Esperamos al menos, y depende de la Mesa para el Acuerdo Nacional, establecer ciertos principios en base a los cuales se va a construir esta protección administrativa. Es probable que el diseño no esté dentro de la ley y se deje en otra ley o reglamentos de funcionamiento, pero que en la ley de garantías sí se establezcan ciertos principios.

¿Cómo evalúa la Comisión de Infancia?

Estamos muy conscientes de tres cosas. A todos nos importan los niños. Dos, el interés superior del niño es la base del acuerdo. Y tres, sabemos que hay cosas en que no habrá acuerdo y esas no estarán en el acuerdo.

¿Dónde están las principales diferencias?

Dividimos el trabajo en tres etapas. Primero, vamos a escuchar, hemos sistematizado información sobre encuestas y escucharemos a la sociedad civil. Luego, vamos a proponer; nosotros ya lo hicimos, que es nuestro programa de gobierno. Y, en tercer lugar, vamos a acordar.